Corte ordenó levantar paro a los judiciales

Advirtió además la Corte que en caso de no ser escuchado su pedido aplicará descuentos y medidas disciplinarias, y sostuvo que «resulta imperioso que los poderes Ejecutivo y Legislativo afronten concretamente las carencias presupuestarias del Poder Judicial, dotándolo de los recursos indispensables». Por su parte, la seguidilla de paros provocó además la intervención del Colegio de Abogados de la provincia, que presentó ayer un amparo en el que pidió que se dicte la conciliación obligatoria y que se abran los tribunales por la tarde y los días sábado.
La Corte de Buenos Aires entendió que sólo una vez que se regularice la actividad en los tribunales de los 18 departamentos judiciales de la provincia «podrá reconstruirse un diálogo fecundo con todos los sectores involucrados».
En la acordada, el máximo tribunal sostuvo que los derechos de huelga y peticionar a las autoridades, como todo otro, «deben ejercerse de modo que no cercenen otras instituciones de igual naturaleza constitucional».
Ante esa situación, requirió a los magistrados que «adopten todas las medidas indispensables para asegurar el cumplimiento normal del servicio de justicia» y advirtió a los empleados que descontará los días en que continúen las medidas de fuerza.
La resolución fue firmada por la mayoría de los ministros de la Corte -Francisco Roncoroni, Daniel Soria, Juan Hitters, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Eduardo De Lazzari- a excepción de Luis Genoud, quien estuvo ausente, y Negri, quien votó en disidencia y planteó un conflicto de poderes.
En ese contexto, Negri dispuso convocar la presencia del gobernador Felipe Solá en
la Corte y avaló el reclamo de los empleados «por el injusto atraso en las remuneraciones, que alcanzan también a jueces y funcionarios».
El conflicto con los trabajadores judiciales se agudizó la semana pasada cuando fracasó la posibilidad de restaurar la ley de porcentualidad, por la cual los sueldos de los empleados judiciales se enganchan a los que perciben los jueces de la Suprema Corte.
Si bien el gobierno otorgó un aumento de alrededor de 16,5 por ciento a los salarios
de los empleados de las categorías 5 a 19, no se comprometió a poner un plazo para reimplementar la ley de enganche, lo que motivó que la Asociación Judicial Bonaerense rechazara la oferta.