Críticas a travestismo fueguino

Tierra del Fuego - La grave crisis financiera que presenta la provincia obligó a la gobernadora arista, Fabiana Ríos, a incurrir en una decisión política que su partido había cuestionado fuertemente durante la gestión antecesora de Hugo Coccaro. Mediante un decreto, se resolvió la utilización de fondos de afectación específica para pagar parcialmente los sueldos de la administración pública del mes de marzo.
Sin otra salida, Ríos dictó el decreto 476/08 junto con el ministro de Economía Eugenio Sideris, en una medida que legisladores del ARI local -como Manuel Raimbault y José Martínez- se dedicaron a cuestionar y denunciar en otras administraciones.
En la resolución del lunes 7 de abril -con el aval del Tribunal de Cuentas-, se autoriza a usar esos recursos, los cuales se repondrán cuando en el mes de mayo el gobierno nacional cancele la coparticipación, según indica la normativa. Oportunidad en la que históricamente ingresan mayores recursos por la cancelación anticipada de impuestos nacionales.
Precisamente, desde el Ministerio de Economía apuestan a que en ese momento se produzca la mayor inyección de fondos, de manera de poder reponer los recursos que se extraerán de cuentas inmovilizadas y que la actual gestión se rehusaba a afectar por una cuestión de principios declarados.
Los fondos que el gobierno afectó totalizan $ 66.665.118 para la administración central, en tanto que se ha girado al Poder Judicial y a la Legislatura la suma global de $ 7.144.270 para afrontar los sueldos a sus empleados.
El uso de las cuentas que tiene afectación específica fue motivo de denuncias sistemáticas de los legisladores del ARI, como Raimbault y el ahora senador José Martínez, quienes recurrieron incluso a que la Justicia Penal castigue esta modalidad, en noviembre del año pasado. Finalmente, la presentación fue desestimada. Sin embargo ahora, para el legislador oficialista Raimbault, ambas situaciones «no resultan equiparables».
«La diferencia de la utilización del Fondo Unificado, es que esos recursos se pueden utilizar en la medida en que pueden ser inmediatamente repuestos», dijo el parlamentario, ya que -a su entender- el decreto determina que «únicamente puede utilizar aquellos fondos que se tiene certeza que se puedan reponer, sino, no se puede disponer de ellos», justificó.