Denuncia Mendoza que ya seducen a empresas

En paralelo, la polémica por el régimen de ventajas impositivas para inversores que ya involucra a una decena de provincias sumó ayer fuertes críticas del gobernador riojano Angel Maza a Cobos. Y un serio cuestionamiento del intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, a la promoción industrial. En sintonía con el mendocino, Lifschitz habló de la existencia de «múltiples transgresiones y/o defraudaciones» en diversas regiones del país cometidas al amparo de la promoción industrial. Por su parte, el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson, calificó ayer la polémica como la disputa por «los despojos de un cadáver». Tras un encuentro en Buenos Aires con el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, Tangelson exhortó a «superar las diferencias temporales mediante el crecimiento de todo el país». Se trata de las primeras manifestaciones públicas de un funcionario nacional desde que, a comienzos de mes, recrudeció el conflicto. Aunque ya el gobierno nacional oficializó su postura, al haber apelado días atrás la suspensión judicial del decreto de Néstor Kirchner de fines de diciembre, donde ordenaba la flexibilización del régimen.
Veamos los nuevos encontronazos entre provincias desatados ayer:

NUEVO EMBATE DE COBOS

En la carta que le envío a Aníbal Fernández, el gobernador mendocino aseguró que el decreto 1.295/03 -para el cual pidió su derogación-«afecta gravemente los intereses de Mendoza». Y advirtió que causó « sorpresa» su dictado, «cuando existían conversaciones intentando arribar a un acuerdo frente a la demanda de inconstitucionalidad que ante la Corte Suprema ha promovido Mendoza», por la cual pretende una compensación de $ 600 millones.
Entre otras críticas, Cobos resaltó que la flexibilización de la aplicación del beneficio -dentro de un mismo rubro-«significa transformar a las más de cinco mil empresas promocionadas y contratos correlativos en competidores de objeto incierto, constituyendo un poderoso atractivo de inversiones que sin este artificio se radicarían en otros lugares».
Según el gobernador, Mendoza ya dejó de percibir $ 1.800 millones hasta 1993 en impuestos no coparticipados. Y dijo que indicadores como «12,7% de desempleo, 56,1% de personas bajo el nivel de pobreza y 27,3% bajo el nivel de indigencia «son producto de la destrucción y subutilización de la estructura productiva» -cayó la actividad industrial 37% entre 1996 y 2002-, con la pérdida de «40% de las empresas». En ese marco, Cobos recordó que « muchas de ellas llevaban años de actividad en la provincia y fueron a radicarse a provincias promocionadas», y ubicó en ese lote a firmas como Palmero y Tecnicagua, Arisco, Cristalería de Cuyo, Bodega El Aguila, Arcor, Lanin y Alco.

MAZA, CONTRA COBOS

Por su parte, el gobernador riojano, Angel Maza, respondió ayer con dureza a los dichos de su par mendocino, quien en declaraciones periodísticas aseguró días atrás que la promoción industrial generaba «venta de carpetas», empleo «ficticio» y empresas «fantasma», y que los funcionarios de las provincias promocionadas poseían « residencias, aviones y campos de golf». «Es una falta de respeto a la transparencia con la que La Rioja y las provincias de la región hemos venido manejando un sistema esencial para la supervivencia económica y para el sostenimiento de 63 mil fuentes de trabajo», dijo Maza. «Tratar de sembrar sospechas acusando en forma genérica a funcionarios de los gobiernos de la región no es una actitud que un gobernante, que representa a miles de ciudadanos, debe tener», enfatizó. Por las declaraciones de Cobos, ya el sanjuanino Gioja lo intimó vía carta documento para que presentara pruebas, activando una investigación.

ROSARIO, CONTRA
PROMOCIONADAS

En una nota enviada al ministro de Economía, Roberto Lavagna, el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, denunció la existencia de « múltiples transgresiones y/o defraudaciones» en diversas regiones del país cometidas al amparo del régimen de promoción industrial, al que calificó de «discriminatorio».
Lifschitz destacó que Santa Fe «aporta sólo en concepto de retenciones agropecuarias una cifra superior a u$s 1.300 millones anuales», mientras que «fue duramente golpeada en su estructura industrial por las políticas neoliberales aplicadas durante la década pasada». En ese período, dijo, las empresas asentadas en la región «se fueron trasladando a las provincias que gozan de estas prerrogativas impositivas, dejándonos a nuestro cargo la secuela de desocupación y pobreza».