En la actualidad, según Solá, entre el gobierno nacional y el provincial se abona la totalidad de ese consumo, lo que le ocasiona al Estado bonaerense un gasto promedio de 32 millones de pesos anuales entre las tres compañías (Edesur, Edelap y Edenor). El mandatario pretende ahora que esa cifra se deduzca del índice de cobrabilidad que tiene la empresa prestataria del servicio. «Queremos que las concesionarias tomen el mismo riesgo que tenemos nosotros, por lo que pretendemos un convenio más justo con las privatizadas», aseguró ayer el gobernador, en declaraciones difundidas por el portal de noticias «Infocielo». Para el mandatario, «hay que mejorar el convenio». «No tienen 100 por ciento de cobrabilidad en ningún lado, excepto en los lugares donde el Estado se hace cargo del servicio», se quejó. Derecho En sintonía, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la provincia, Emilio Pérsico, aseguró que los servicios públicos deben ser un derecho y no un negocio. Además, destacó que los medidores colectivos ya funcionaban en la provincia durante el período de crisis, y señaló que el Estado debe hacer las obras para que las empresas brinden un servicio al que los obliga la ley. «Cuando aconteció la crisis, salió esta idea de los medidores colectivos, pero esto no es una solución, porque la solución es que la gente tenga los servicios», destacó.
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