Desocupados de la UOCRA volvieron a cortar la Ruta Nacional Nro. 3 a la altura de Caleta Olivia para exigir los $ 1.500 prometidos por el gobernador Daniel Peralta. Amenazan con endurecer la medida.
Santa Cruz - La provincia de los Kirchner encara un fin de año convulsionado por protestas gremiales y alta conflictividad social y, lejos de perfilarse una solución en el corto plazo, la situación amenaza con mantenerse durante al menos los primeros meses de 2010.
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Como en ocasiones anteriores, los desocupados de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) cortaron la Ruta Nacional Nº 3 para exigir que el Gobierno de Daniel Peralta les pague $ 1.500 por quincena (cifra prometida por el mandatario). Bajo el paraguas del gremio de la construcción, los obreros aseveraron que endurecerán la medida por tiempo indeterminado si no reciben una pronta respuesta a la petición.
El monto fijo que sería abonado esta semana por parte de las empresas fue acordado la semana pasada entre el Ejecutivo y la UOCRA, y por eso, se suspendió el piquete el jueves pasado. También, la administración de Peralta les había asegurado el inicio de la reactivación de obras y la entrega de tarjetas sociales para cada uno de los desocupados.
Otro conflicto se desató ayer en Caleta Olivia, pero quienes lo impulsan, en vez de cortar una ruta, decidieron tomar la sede del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio que los agrupa. Luego de grandes altercados entre gremialistas, autoridades políticas y marineros, el personal de la Flota Amarilla optó por ocupar el edificio a fin de hacer oír su reclamo, ya que «nadie nos da solución, no tenemos trabajo, queremos que nos paguen aunque sea la ayuda financiera del fondo anticrisis por la temporada baja», afirmaron desde la toma.
Asimismo, según trascendió, los marineros sostienen que el conflicto es consecuencia de la sectorización de soluciones que da el Gobierno provincial, ya que a algunos estibadores del puerto se les paga de este fondo compensador y a otros no. La ayuda por baja temporada acordada la semana pasada con el ministro de Gobierno, Carlos Barreto, asciende a $ 2.500, pero aún no fue efectivizada.
También, el Sindicato de Seguridad Privada eligió la misma modalidad -pero con un edificio público-. En efecto, ayer tomaron el Ministerio de Asuntos Sociales en reclamo por el despido de más de 48 empleados de diferentes partes de la provincia. Se mantenían ayer en la puerta de la cartera, en la ciudad de Río Gallegos, y aguardaban al ministro, Matías Mazú, para que les asegure estabilidad laboral de ahora en adelante.
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