10 de abril 2008 - 00:00
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Se especuló ayer en la provincia que hubo un guiño del gobierno de Jorge Capitanich en ese cambio de estrategia con la pretensión de bajar la tensión que se vive en el distrito desde que estalló el conflicto con el campo.
En dos operativos policiales, en los que participaron Infantería y la Policía Montada, hubo aproximadamente 90 personas demoradas -no sin incidentes-, acusadas de presunta «tentativa de bloqueo de la vía pública» y «resistencia a la autoridad». En su mayoría, fueron liberadas, mientras que los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio -López y Maidana- continuaban declarando ayer ante la Policía provincial.
Síntoma de que los piquetes preocupan al gobierno es que el coordinador de políticas sociales, Jorge Franco, instó a los dirigentes sociales a hacer uso de sus derechos sin perjudicar a terceros, y advirtió que «este gobierno no va a permitir que se avasallen los derechos de los demás ciudadanos». Señaló, además, que el Ejecutivo local está atendiendo a puertas abiertas a todos y a cada uno de los movimientos sociales y dando respuestas concretas a cada uno de ellos.



