Gran parte del país, dominada por huelgas

La avanzada contra los gobiernos provinciales y el nacional se da en paralelo a la escalada del accionar piquetero que tiene epicentro en el Gran Buenos Aires y accesos de la Capital Federal. Los conflictos responden a pedidos de aumentos salariales y se nutren de la fragilidad manifiesta por la dirigencia política en tiempos de campaña electoral, con miras a las elecciones legislativas del 23 de octubre.Abonan esta belicosa actitud gremial los excelentes resultados que estos métodos ya permitieron en la mayoría de las provincias, donde los empleados de las plantas estatales han logrado sucesivos aumentos de haberes durante el transcurso de 2005.
El caso de los petroleros es el más preocupante, ya que se trata de un método que se repite, provocando una grave paralización de la actividad hidrocarburífera -gas y petróleo- y un avasallamiento sobre las empresas. Desde el lunes se mantienen tomas y bloqueos sobre tres yacimientos del norte de Santa Cruz de la empresa Repsol YPF (Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras).
El paro de actividades se inició tras el despido de dos delegados de la empresa subsidiaria Coninsa. Pese a que la medida fue revisada, los gremialistas comenzaron luego a reclamar el pago de salarios bajo el beneficio Zona 1 (área geográfica muy desfavorable), que tiene vigencia en la Cuenca Austral.
Denuncias
Mientras el clima se tensó en la madrugada de ayer, luego de que la Justicia ordenara liberar la planta deshidratadora de Cañadón Seco; del lado de las empresas, la provincial Distrigas presentó una denuncia ante la Justicia, debido a que fue manipulada una planta de gas en Las Heras, provocando disminución de la presión del fluido hacia toda la localidad.
Paralelamente, Repsol YPF volvió a presentar denuncias por ocupación de sus tres plantas, al tiempo que emitió una solicitada advirtiendo que el paro hace que no puedan producirse 12.500 metros cúbicos de petróleo y 2.900.000 metros cúbicos de gas por día.
Denuncian desde la petrolera que algunas de las instalaciones están «usurpadas» y que se produjeron «amenazas y agresiones físicas» contra algunos empleados, además de «daños materiales».
En Mar del Plata, en tanto, los trabajadores locales de la pesca realizaron ayer por la mañana una marcha por las calles de esa ciudad para reclamar al intendente local, Daniel Katz, que interceda en el conflicto que mantiene paralizado al puerto.
En rigor, el conflicto en el puerto marplatense comenzó el 15 de abril de este año y se estima que genera «una pérdida de un millón de pesos diarios», según la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura.
Piden los pescadores por la vigencia de las actas de 1998 y de 2000 que estipulan un cálculo de sus salarios con referencia al valor del dólar, y quedaron sin efecto en 2002, cuando se sancionó la ley de pesificación.
Los trabajadores, nucleados en el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) -junto a SOMU, Siconara y Capitanes y Patrones-, centraron su protesta en los hoteles marplatenses que serán sede de la IV Cumbre de las Américas.
En rebelión también se encuentran los judiciales de Buenos Aires, una provincia que ya activó repetidos aumentos salariales para los estatales. El gobernador Felipe Solá señaló ayer que está dispuesto a discutir, pero reiteró que no negociará bajo la «extorsión» de las medidas de fuerza que desde hace 20 días lleva adelante el gremio.
«Es responsabilidad de los dirigentes sindicales de la Asociación Judicial Bonaerense, frente a la intimación de la Corte y la oferta de aumento del gobierno, levantar el paro y sentarse en paritarias a discutir con el gobierno todos los temas, inclusive el tema que ellos plantean (de la porcentualidad)», declaró el mandatario, que se mostró disgustado con el titular del Supremo Tribunal provincial, Héctor Negri, quien votó en disidencia en la acordada que el miércoles intimó a los judiciales.
El complejo panorama de protestas se completa con diversos levantamientos gremiales como sucede en Catamarca, con la CGT local en pie de guerra, el paro docente de 48 horas en Santa Fe, vigente hasta hoy, y la masiva exigencia sostenida por los docentes de la UBA y diversas universidades estatales en todo el país.