30 de enero 2006 - 00:00
Grave: se cumplen hoy 6 días de parálisis petrolera
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El bloqueo afecta a las rutas 42 y 43 de acceso a Las Heras, distante 1.000 kilómetros de la capital provincial, Río Gallegos, e impide la circulación por los denominados «caminos petroleros» 16 y 18 (que intercomunican los yacimientos) de vehículos vinculados con la actividad.
El conflicto se desató el lunes 23 a la madrugada cuando trabajadores petroleros, en disidencia con la conducción gremial, ingresaron a las plantas, ordenaron vaciar el predio y apostaron piquetes en rutas con la adhesión de obreros de la construcción (en simultáneo y ante el riesgo de perder 250 afiliados, la UOCRA ya presentó un recurso de amparo).
El momento de mayor virulencia en Las Heras se vivió el jueves 26, pasadas las 20, cuando venció el plazo de 12 horas dispuesto por la magistrada subrogante del Juzgado de Instrucción 1 de Pico Truncado, María Asunción Santín, quien había ordenado desalojar los caminos y asegurar la puesta en operaciones de las plantas de bombeo afectadas.
Postergación
Pese a la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía provincial, la orden judicial fue postergada. La jueza accedió a demorar el operativo a pedido del gobernador Sergio Acevedo, quien se involucró con el conflicto vía telefónica desde la costa atlántica bonaerense (de donde regresaría este miércoles, luego de un período de vacaciones).
El mandatario instruyó al vicegobernador a cargo interino del Ejecutivo, Carlos Sancho, a destrabar el conflicto y ordenó a la subsecretaria de Trabajo, Elsa Capuchinelli, y al ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, a gestionar personalmente una mediación.
Por eso, Dalle Mura habilitó el viernes en la sede de la Municipalidad de Las Heras una «mesa de negociación» entre las 15 y las 17 a la que acudieron 15 «delegados» de los manifestantes y el jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía santacruceña, comisario Marcelo Herrera.
El ministro de Gobierno se comprometió a transmitir a la petrolera el reclamo: que la operadora absorba los descuentos por el Impuesto a las Ganancias.
El sábado, el funcionario intentó reunirse con ejecutivos de la Unidad Económica Argentina Sur de Repsol YPF para analizar la viabilidad del pedido. Sin embargo, el tributo es recaudado por el Estado nacional, y nada tienen que ver las empresas ni los gobiernos provinciales.
La intervención de la Justicia en el conflicto se inició por una denuncia penal presentada por la operadora más afectada, la empresa Repsol YPF que, el martes a las 20, por razones de seguridad, dispuso cerrar las válvulas de las plantas y la producción (ya se habían registrado derrames de petróleo «accidentales» que ponían en riesgo la seguridad del predio).
La intransigencia de los trabajadores ocasionó hasta ahora pérdidas en la producción, del orden de 1.000 metros cúbicos diarios y frenó el ingreso por regalías hidrocarburíferas que debería recibir la provincia.
En tanto, se confirmó que este miércoles se reunirá en Comodoro Rivadavia el plenario de delegados de la CGT regional, a fin de analizar la propuesta para elevar el mínimo de Ganancias, que presentará ante la conducción nacional.




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