La Legislatura de Jujuy, en su octava sesión ordinaria del año, aprobó un proyecto enviado por el gobernador Carlos Sadir que, en adhesión a la Ley Bases que impulsó el presidente Javier Milei, habilita a vender las sociedades del Estado creadas por ley, excepto la Empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Pese a que el oficialismo radical logró su objetivo hubo críticas por el doble tratamiento exprés, tanto en el análisis en comisiones, como en la sesión.
2 de septiembre 2025 - 18:38
Jujuy: la Legislatura aprobó una ley que permite la privatización de las empresas estatales
En consonancia con la Ley Bases, el proyecto del gobernador radical Carlos Sadir contempla que se tome esa media "cuando existan circunstancias económicas, financieras o estratégicas debidamente acreditadas que justifiquen la desinversión". Tratamiento exprés.
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El oficialismo radical de la Legislatura de Jujuy tiene 31 miembros, sobre un total de 48 parlamentarios.
En rigor, el jueves 28 de agosto, la mayoría de los parlamentarios (31 sobre un total de 48) aprobó el proyecto de ley 6.468 sobre "Reestructuración jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la provincia de Jujuy", que delega facultades al Poder Ejecutivo para privatizar o vender las sociedades del Estado provinciales. Se trata de las empresas Cannava SE, Tren Solar de la Quebrada SE, Compañía de Seguros de Jujuy SE, Agua Potable SE, GIRSU SE, creadas durante las dos gestiones consecutivas del exgobernador Gerardo Morales y conformadas por créditos adquiridos por el gobierno jujeño que adeuda pesos, dólares y euros.
Durante el debate, algunos legisladores, tanto del peronismo como del bloque de izquierda FITU, cuestionaron que la propuesta de Sadir ingresó al cuerpo y en menos de dos semanas obtuvo la aprobación de las comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y de Legislación General. Y que una semana más tarde se haya incorporado a una sesión, sin que la totalidad de los parlamentarios tuvieran la posibilidad de acceder a toda la documentación. La empresa estatal minera fue la única apartada debido a la centralidad que adquirió en los últimos años por el intereses extranjero para explotar yacimientos de litio en suelo jujeño.
Desde el oficialismo, a través del diputado radical Adriano Morone, se señaló que en todos los casos se mantendrá la mayoría accionaria en manos del Estado provincial, permitiendo la incorporación de capital privado hasta un máximo del 49%. "Este límite asegura el control estratégico estatal", sostuvo. "No estamos aprobando una ley que tenga que ver con privatizar sino con dar, necesariamente, un marco formal para adecuarlas a la nueva normativa nacional", agregó durante el debate.
El legislador peronista Martín Eduardo Fellner, que votó en contra, advirtió: "No sabemos qué empresas serán alcanzadas, ni el criterio para abrir la participación privada. Nos dicen que el Estado conservará la mayoría accionaria pero el proyecto habilita a la privatización total de las acciones, eso quedó en el proyecto oficial". "Tenemos que ser responsables, no podemos legislar a ciegas. Es importante que se analice y discuta empresa por empresa porque son empresas públicas, es decir, patrimonio de todos los jujeños" expresó, aunque su pedido no fue considerado.
Tras la inauguración de nuevas oficinas del Ministerio Público de la Acusación fue abordado por la prensa el gobernador Carlos Sadir, quien fue consultado sobre la decisión de la Legislatura y el tono crítico de representantes del peronismo. "El proyecto simplemente va en línea al cumplimiento de un decreto nacional. Es una formalidad que obliga a la transformación de las sociedades del Estado pero el titular sigue siendo la Provincia", dijo.
"Es una trampita"
Quien le respondió al jefe provincial fue la senadora peronista Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, para quien la nueva ley no es un simple cambio formal, como se sostiene. "Es una medida que le da carta blanca al gobierno provincial para que privatice todas las empresas del Estado, de manera parcial o total". Destacó que lo más grave es que la norma faculta al Poder Ejecutivo a realizar esta privatización por decreto, sin necesidad de pasar por la Legislatura para cada caso.
La parlamentaria mencionó que empresas como Cannava, Cauchari y el Tren Solar, así como la empresa de agua, podrían ser privatizadas y calificó a estos proyectos como negocios que hasta ahora "solo han servido para endeudar a los jujeños y jujeñas". La posición de Moisés coincide con la de los diputados provinciales que votaron en contra del proyecto, quienes denunciaron que las empresas estatales no transparentan sus ingresos "pese a recibir fondos millonarios del Tesoro provincial", y que el proyecto de ley "es una trampita para evadir la fiscalización pública".
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