Kirchner apuró tregua para evitar nuevos incidentes

Se apresuraron así Kirchner y el gobernador Daniel Peralta en asegurar esta nueva y delicada tregua en la provincia natal del Presidente, luego de la paz provisoria firmada con docentes y con estatales, y de las concesiones otorgadas a petroleros y camioneros, estos últimos con mayor capacidad de presión.
La decisión de la cartera de Carlos Tomada fue oficializada ayer, luego de gestiones concretadas por el propio Peralta en ese ministerio, en Buenos Aires (previamente, había tenido un momento de relax, al reunirse con el equipo de hockey de Las Leonas en la Casa de Santa Cruz). La primera audiencia entre el gremio local de los trabajadores marítimos y las cámaras empresariales se concretará el próximo martes.
Sugestivamente -quizás, en un intento de domarlos-, en los últimos días Peralta había respaldado a los dirigentes del SOMU local -que mantienen una fuerte interna con el gremio a nivel nacional, liderado por el kirchnerista Omar «Caballo» Suárez- y había embestido fuertemente contra las empresas, a las que amenazó con rescindirles los permisos de pesca. La tregua de ayer termina legitimando a los rebeldes, para pesar del titular de la CGT, Hugo Moyano, quien no pudo controlar el rebrote.
El levantamiento del paro -que se esperaba para primera hora de hoy- se da cuando el conflicto ya se traducía en algunos signos de desabastecimiento y de sobreprecios en los mostradores porteños y del conurbano bonaerense.
En rigor, esa postal se debe también a la permanencia del conflicto pesquero en Mar del Plata, que paraliza la terminal local desde hace cerca de diez días, y donde las negociaciones al menos hasta anoche no habían logrado llegar a buen puerto.
En el caso de Santa Cruz, la tregua llegó, además, en momentos en que el gobierno español volvió a mostrar malestar por la perpetuidad del conflicto y a exigir castigo a los culpables de los incidentes del 20 de julio, cuando fue incendiada una decena de plantas pesqueras en Puerto Deseado (ver aparte).
Tal como lo informó ayer este diario, todas las señales de alerta de la Casa Rosada apuntaban, además, al hecho de que mañana el Presidente y la senadora nacional Cristina Fernández tienen previsto desembarcar en tierras santacruceñas -más precisamente, en Los Antiguos- para encabezar un acto junto con Peralta (virtual candidato a gobernador) y con Moyano. Ante el tenso escenario, temía la pareja presidencial que se reediten los graves incidentes del 20 de julio.
Por esas horas, ambos lideraban un acto en Puerto Santa Cruz, que iba a ser el debut de la primera dama como candidata a presidenta, pero que terminó opacado por los disturbios.
En rigor, también tiene motivos Moyano para preocuparse a la hora de pisar suelo santacruceño, luego del documento elevado en las últimas horas por secretarios regionales patagónicos de la CGT en reclamo de una excepción total en el Impuesto a las Ganancias, por el cual se declararon en estado de alerta y movilización.
En la práctica, se convirtió en una fuerte presión sobre el líder camionero por -según fuentes gremiales- la falta de resultados en la materia y el perfil conciliador que muestra con Kirchner.
Mientras tanto, los incidentes derivaron en nuevas condenas del sector empresarial a nivel nacional. Ayer fue el turno de la Unión Industrial Argentina que mostró su preocupación y bregó por el «pleno respeto» de la negociación colectiva como el instrumento legal adecuado «para evitar violencia, amenazas y otras vías de hecho, que deben ser consideradas como extorsivas y condenables».
Anoche, en Mar del Plata, en tanto, los trabajadores de plantas procesadoras de pescado del puerto local y los representantes de cámaras empresariales seguían negociando. Pese a la firma de un acta-acuerdo el martes pasado, los empleados presentaron una contrapropuesta que aguarda la aprobación del sector patronal para que se destrabe el conflicto que paraliza la actividad desde hace más de diez días.
Bajo la mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense, las cámaras propusieron un pago mensual de $ 800 de garantía horaria y abrir desde este lunes una mesa de diálogo durante 120 días para regularizar la situación de los trabajadores. En respuesta, los fileteros pidieron que el plazo de regularización no supere 60 días y que intervengan Tomada y el director de la AFIP, Alberto Abad, para controlar a las empresas.