Los legisladores dieron luz verde a un paquete que obliga a informar con claridad las condiciones de los créditos, frena el hostigamiento en las cobranzas y crea mecanismos para renegociar y reestructurar deudas. Ahora pasará por el Senado.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes un paquete de cuatro proyectos de ley para atender el sobreendeudamiento de las familias, que obliga a las entidades a informar con claridad las condiciones de los créditos, prohíbe el hostigamiento en las cobranzas y crea mecanismos para renegociar y reestructurar deudas, tanto por la vía administrativa como judicial.
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Las normas incorporan la figura del sobreendeudamiento a la ley de defensa del consumidor, regulan la publicidad de los préstamos y los créditos que se otorgan a través de billeteras virtuales y plataformas digitales, habilitan a revisar las condiciones de los créditos ante cambios en la situación económica del deudor y le dan a la Defensoría del Pueblo un rol central para acompañar a las familias endeudadas.
La sesión arrancó con demoras por las negociaciones de último momento sobre la letra chica de los textos, y ahora las iniciativas deberán ser debatidas en el Senado, que tiene previsto sesionar el 6 de octubre.
El paquete surgió de la unificación de más de una decena de expedientes presentados por legisladores del oficialismo y la oposición. En un principio, los diputados que trabajaron en comisiones intentaron condensarlos en una "mega ley", pero en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Rubén Eslaiman, y de Derechos del Usuario y el Consumidor, a cargo de Diego Nanni, se resolvió dividirlo en cuatro normas, que luego pasaron por Asuntos Constitucionales y Justicia y por Presupuesto e Impuestos.
El primero de los textos unifica proyectos de Ana Luz Balor, Noelia Saavedra, Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli, todos de Fuerza Patria, y modifica la Ley 13.133, el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, a partir de tres ejes: la protección durante la contratación y ejecución de créditos, la regulación de la publicidad y la prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.
La norma obliga a las entidades a informar de manera clara y precisa las condiciones de financiamiento, las tasas y las consecuencias de contratar un crédito. Además, incorpora los cambios que trajo el crecimiento de las billeteras virtuales y las plataformas digitales: las decisiones automatizadas para otorgar créditos deberán ser explícitas y el usuario podrá pedir que las revise una persona.
También habilita a revisar las condiciones de los créditos cuando cambie significativamente la situación económica del deudor o el contexto macroeconómico, con mecanismos de diálogo con las entidades y la intervención de la autoridad de aplicación.
En materia de publicidad, busca evitar las promociones que ofrecen dinero inmediato sin aclarar que se trata de un crédito, o que destacan solo el valor de la cuota o la facilidad de acceso sin informar las condiciones generales del financiamiento. El tercer eje apunta a la educación financiera, para que los consumidores conozcan sus derechos al contratar un crédito y sepan cómo ejercerlos.
Durante el debate en el recinto, Saavedra afirmó que "las familias se endeudan con bancos, con aplicaciones, con plataformas para comer, para vivir, para cubrir los tarifazos del 1000 por ciento y por eso debemos dar soluciones" y destacó que la iniciativa apunta "a que esas entidades den información clara sobre los términos en que otorgan los créditos y que no haya cláusulas abusivas ni prácticas usureras".
"También buscamos que la publicidad sobre los préstamos sea clara y sin engaños. En las billeteras virtuales hay información confusa. Además, apunta a la prevención del sobrendeudamiento a través de la educación. Hay que trabajar antes de que la familia esté ahogada hasta el cuello de deudas", describió pero apuntó que "de ninguna manera hay que culpar a la gente por no llegar a fin de mes".
En su mensaje, Archanco opinó que "estas leyes -que son un paliativo ante la crisis- le brindan protección a los sectores más vulnerables de la población y atienden a un sector endeudado por fuera del circuito bancario" y aclaró: "No es en contra de los acreedores, sino para evitar prácticas abusivas".
El segundo proyecto unifica iniciativas de Balor y de Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, y prohíbe el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda, además de establecer medidas de protección para las personas sobreendeudadas.
En ese contexto, Balor subrayó en la sesión el avance de los proyectos al expresar que "esto no soluciona el problema macro, pero da algo de alivio", puso de relieve la necesidad de la educación ya que "las familias no son tontas pero hay tantas trampas que muchos caen en créditos usureros".
Sostuvo que "la gente no llega al día 15, no tiene para pagar gastos corrientes: 21 millones de argentinos están endeudados para pagar comida, remedios, alquiler y no para comprar televisores para ver el Mundial, como dijo MIlei" y agregó que "seis millones de ellos ya están en mora, por 90 días no pudieron afrontar el pago de esas obligaciones. Muchos ya son deudores incobrables. A nadie le gusta estar endeudado, no hay que minimizarla".
"El proyecto busca evitar la catarata de llamadas intimidatorias, y también los débitos automáticos de cuentas bancarias donde se cobran salarios, jubilaciones y pensiones o asignaciones familiares. No es un problema entre privados, Milei, la caída de ingresos y el congelamiento de las jubilaciones, ni los tarifazos o el cierre de 30 mil empresas y los 300 mil puestos de trabajo perdidos", cerró.
El tercero, de los oficialistas Leonardo Moreno y Malpeli, también modifica la Ley 13.133 para crear un régimen general de protección de los intereses económicos de los consumidores sobreendeudados y un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.
Al respecto, Malpeli expuso en el debate que "me cuesta creer que La Libertad Avanza no entienda que con salarios de pobreza, crecimiento de desempleo, cierre de pymes y comercios, van a crecer los préstamos incobrables", criticó el hecho de que "el presidente diga que vino a destruir el Estado y a bajar salarios" y lamentó "que digan que 'nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse'".
"Me alegro de poder atender los problemas de los vecinos. Los números profundizan esta problemática y está bueno que en este debate se sepa de qué lado está cada uno y qué plantea cada espacio político", finalizó.
El cuarto, del presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, crea el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, elaborado junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La idea es que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas y analice su situación económica de manera integral, en lugar de negociar cada deuda por separado, para evitar que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás.
El proyecto busca además preservar el crédito, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento y la cobranza, disminuir la judicialización y garantizar condiciones de cobro dignas y transparentes.
Fue el texto que más ruido generó en la previa. En el plenario de comisiones, los diputados alineados con el gobernador Axel Kicillof se abstuvieron. Balor explicó que su sector tenía diferencias con la autoridad de aplicación y sostuvo que la protección debía canalizarse a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
El debate se da en un contexto de fuerte deterioro de la capacidad de pago de los hogares. Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert con datos del Banco Central, en mayo había 1,84 millones de bonaerenses en mora, con una deuda impaga de $6,49 billones. La tasa de morosidad provincial era del 20,17% y trepaba al 46,17% entre los menores de 25 años.
Durante la sesión, la diputada de Unión por la Patria Sofía Vanelli, afirmó que "más de 6 millones de hogares bonaerenses tienen una deuda activa", destacó que "el crédito pasó a ser una herramienta para sobrevivir" y puntualizó que la situación de mora se torna aún más compleja en hogares monoparentales. A la vez, enfatizó que "este no es un problema individual, sino colectivo, por lo que el Estado debe dar respuestas" y celebró el avance de las normas.
Luego, el justicialista Alejandro Acerbo atribuyó el endeudamiento a "la baja de salarios y a los tarifazos, que asfixian a la gente" y su compañero de bancada Leandro Moreno enfatizó: "Esta realidad afecta a más de 5 millones de personas y es nuestra responsabilidad proteger a nuestros vecinos endeudados y garantizar que no haya más angustia".
Por su parte, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, reconoció que hay "toma de deuda por los bajos salarios" y que la gente se endeuda para comer. En ese sentido, hizo referencia a "los ingresos disponibles que les quedan a las familias tras pagar los servicios" y sostuvo que se trata de "un problema entre particulares, que pasó a ser de incidencia colectiva" y al que "el Estado le debe prestar atención".
Sin embargo, advirtió que los proyectos avanzan sobre temas que son competencia del Gobierno nacional, por lo que "no podemos regular materia de fondo". "Sé que tenemos que hacer algo, porque la gente está sobreendeudada y pasándola mal, pero muchas cuestiones serán declaradas nulas por la Justicia", señaló.
Desde la Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer y desde el PTS-FIT, Christian Castillo, acompañaron tres de los cuatro proyectos. Con todo, la primera sostuvo que las iniciativas "no constituyen una solución de fondo", ya que, a su criterio, habría que "condonar las deudas de todos los trabajadores", y responsabilizó a La Libertad Avanza "por llevar a millones de habitantes a la esclavitud con este modelo económico de hambre e industricida".
En la misma línea, Castillo lamentó que "ante la acuciante situación económica, las familias se ven obligadas a endeudarse con la tarjeta y, ante el aumento de gastos corrientes, después se les hace impagable". Por eso, planteó que "como es un problema estructural hay que tomar medidas a fondo, como la condonación de las deudas en los bajos ingresos" y pidió "aumento de salarios y jubilaciones del pueblo trabajador para que no haya que endeudarse para llegar a fin de mes".
La Coalición Cívica se abstuvo por considerar que las iniciativas abordadas no son competencia de la Legislatura. No obstante, la diputada Romina Braga, manifestó su preocupación por la temática y puntualizó que "uno de cada tres jóvenes que tomó deuda están en mora", apuntó que "9 de cada 10 se endeudó antes de tener un trabajo formal" y recalcó que "muchas de las deudas terminan en juego y ludopatía". Y Martín Rozas, de Unión y Libertad, coincidió en que "hay una gran crisis", lo que hace que el endeudamiento "pase a ser algo cotidiano y necesario para llegar a fin de mes".
Los bloques del PRO y de La Libertad Avanza rechazaron los proyectos. Al fundamentar la postura libertaria, el diputado Francisco Adorni sostuvo que "se parte de una deshonestidad intelectual al plantear que hay una crisis terminal por endeudamiento". Según el legislador, "el crédito se expandió -tanto el hipotecario, para consumo y prendarios- y eso es bueno, ya que antes de la llegada de Milei, Argentina no crecía porque no había crédito, que da prosperidad y mueve la actividad económica".
Adorni rechazó además que Mercado Libre sea un "usurero", indicó que la empresa registra una mora del 2,9% y afirmó que "ayudó a mejorar el sistema financiero". En esa línea, planteó que "los problemas del sistema financiero se resuelven con herramientas del sistema financiero y no con populismo", y defendió al gobierno de Javier Milei "y a su extraordinario gabinete que están logrando bajar la pobreza".
En tanto, Alejandro Rabinovich, presidente del bloque macrista, dijo que "estos cuatro proyectos no son una solución", criticó que "establecen injerencias de la Provincia sobre cuestiones federales y además le dan facultades a la Defensoría del Pueblo que no corresponden" y consideró que "las normas se contradicen en cuanto al concepto de sobrendeudamiento, respecto de las acciones judiciales de cobro y sobre el criterio para medir la capacidad de pago".
En respuesta, Tignanelli aseveró que "el artículo 38 y el 55 de la Constitución habilitan a que la Defensoría del Pueblo defienda los intereses de los habitantes", rechazó que "coincidan dos sistemas, por la mediación judicial y esta otra, ya que la ley especial prevalece por sobre la general" y manifestó que "estos proyectos que aprobamos con media sanción no son la solución, porque el problema es que no hay salario, la gente tiene 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, la gente toma deuda para poder comer y sostener el nivel de vida".
"Son herramientas jurídicas armadas en la urgencia para dar una respuesta. Son un parche, no la solución. Pero permitirán a los bonaerenses ganar tiempo para que cambie el gobierno y el modelo macroeconómico que no se aguanta más. Milei sacó a un montón de argentinos de la pobreza, pero porque los llevó a la indigencia", concluyó.
Quedó fuera del paquete el proyecto del diputado massista Ricardo Lissalde, que propone un Programa de Desendeudamiento de las Familias Bonaerenses a través del Banco Provincia. La comisión decidió convocar a las autoridades de la entidad antes de avanzar, luego de que plantearan diferencias con un artículo sobre los intereses.
En la misma sesión, la Cámara aprobó la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación, impulsada por Tignanelli, que actualiza una normativa con más de 55 años de vigencia. El proyecto mantiene los nueve miembros del organismo, pero los distribuye en tres salas, y crea una Tasa de Actuación que deberán pagar quienes recurran al organismo en controversias impositivas, demandas de repetición o solicitudes de compensación.
De igual modo, se sancionó el proyecto impulsado por el diputado Avelino Zurro que incorpora las carreras de trote al marco regulatorio de la Ley del Turf de la provincia de Buenos Aires. "El trote tiene su peso específico en la Provincia, por eso trabajamos junto a los 5 hipódromos bonaerenses para regular la actividad", dijo el legislador en el recinto y destacó que "mañana comienza otra etapa para el trote". A la vez, se sancionó una adhesión a la Ley Nicolás, que establece un marco jurídico para garantizar una atención médica segura, reducir los errores evitables y jerarquizar los procesos de salud.
En la sesión se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento del senador nacional Juan Carlos Pagotto. Además, el peronismo, la Izquierda y Unión y Libertad repudiaron que la Corte haya determinado la falta de legitimación del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que impulsaba la demanda contra la derogación de la Ley de Tierras.