14 de julio 2005 - 00:00
"La coparticipación no es afectada por procesos electorales"
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En el caso de Buenos Aires, comparto lo expresado en la nota de Ambito sobre que su situación no debe pasarse por alto, pero no por ser un distrito importante en la puja electoral, sino por la fuerte discriminación de la cual es objeto históricamente en el reparto de la renta federal.
Resulta evidente que el Estado nacional ha avanzado sobre algunos hechos imponibles propios de las provincias, así como ha determinado que gravámenes importantes, como las retenciones y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos, estén desafectados o contribuyendo parcialmente al financiamiento de las transferencias automáticas de fondos a las provincias.
Transferencias
Las transferencias en concepto de los distintos regímenes de coparticipación que las conforman alcanzaron durante el primer semestre del corriente año la suma de $ 16.821 millones, lo cual representa un incremento respecto de 2004 de 17%. Se observa que sólo Buenos Aires se encuentra por debajo del incremento general, ya que crece 13,6%. Por lo tanto, los datos expuestos en la nota de Ambito deben corresponder a un cierre provisorio o a estimaciones que no condicen con los resultados realmente obtenidos.
Con relación a la participación que posee nuestra provincia en el reparto de la coparticipación federal, el cuadro muestra la continua pérdida sufrida en los últimos treinta años, la cual ha sido absolutamente independiente de los tiempos electorales, ya que siempre nuestro distrito ha tenido una incidencia determinante en los procesos electivos.
Períodos
En este sentido, se resaltan tres períodos, el primero vigente durante la aplicación de la Ley 20.221, por la que Buenos Aires accedía, según criterios objetivos de reparto, a 28% de las remesas remitidas por la Nación por coparticipación federal, que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1984.
Luego existió un período de vacío legal, en el que las transferencias a las provincias se resolvían de manera bilateral o mediante la aplicación de convenios financieros transitorios, hasta que se sancionó la Ley 23.548 y la provincia cedió al resto de jurisdicciones casi 8 puntos porcentuales, sin que los coeficientes utilizados tuvieran sustento técnico en su determinación.
Esto se intentó corregir en 1992, cuando el Congreso nacional dispuso que se afectara 10% del producido del Impuesto a las Ganancias al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, reconociendo el perjuicio que sufría la provincia. Este cambio le permitió alcanzar, tres años después, 25,1% de participación. Pero en 1996 se determinó un límite de $ 650 millones anuales a esas transferencias, situación que está vigente y que ha significado una continua caída en el reparto de los recursos de coparticipación, tal como se observa en el cuadro anexo.
Para concluir, debo remarcar que Buenos Aires realiza un esfuerzo enorme en el manejo responsable de su presupuesto, con un fuerte acento en la recaudación de los tributos propios, mediante el combate diario contra la evasión, comprometidos con el sector productor de bienes y servicios, ya sea reduciendo los niveles de imposición en el sector industrial o el subsidio de tasas de interés bancarias para proyectos de inversión de pymes, con una política de gastos concentrada en la prestación de los servicios que la comunidad reclama: seguridad, educación, justicia, y en la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores. Sin arriesgar el equilibrio en sus finanzas.
Creemos que se debe asumir la necesidad de modificar el régimen de coparticipación federal, conteniendo lo dispuesto por la Constitución nacional en su reforma de 1994, de modo que el reparto de la renta federal sea redistributivo, pero que se reconozca el aporte que realiza la provincia al resto de las jurisdicciones y la necesidad de mejorar su participación relativa, lo cual redundará en un horizonte de sustentabilidad fiscal en el largo plazo y, a partir de allí, en mejoras de los servicios básicos que los bonaerenses merecen.




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