En este contexto, comerciantes e industriales bonaerenses reclamaron al gobernador Felipe Solá que ponga en marcha una serie de medidas para atenuar el impacto de la crisis energética en el sector productivo. Así lo hicieron la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales (ADIBA). Ambas entidades le propusieron a Solá que los cortes programados a las empresas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires «no sean realizados por Cammesa (la operadora del mercado eléctrico mayorista), sino por las distribuidoras». «De esta manera, se podrán consensuar los cortes, evitando daños a aquellas industrias que no pueden parar su producción», según puntualizó FEBA a través de un comunicado. Los empresarios bonaerenses también quieren que el Estado provincial «genere acciones concretas de ahorro energético, a través de un menor consumo en edificios públicos, publicidad callejera, iluminación de paseos públicos y horario de funcionamiento de la administración estatal», como ya lo hace más de una docena de provincias. A su vez, desde Neuquén, los gobiernos provincial y municipal junto al sector privado le pedirán a la Nación que les deje establecer «su propia política de restricción de energía» para evitar un colapso económico-social a raíz del fuerte impacto que la crisis está teniendo sobre la pequeña y mediana industria de la región que amenaza con dejar cesantes a cientos de obreros y empleados. Tanto la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), la Unión Industrial Neuquina (UIN) y la Unión de Empresarios del Neuquén (UEN) han llevado propuestas a los funcionarios estatales para buscar una solución a este grave problema. Consumo «La idea es cumplir con el ahorro en el consumo que impone la Nación para la provincia, sin que las únicas afectadas sean las industrias que generan mano de obra y apuntalan al crecimiento económico de la región», señaló ante este diario el presidente de ACIPAN y titular del Centro PYME, Edgardo Phiellipp. También Máximo Diez de la UEN resaltó la profundidad de la crisis que afecta al sector, fundamentalmente aquellas empresas de alto consumo de energía como son las vinculadas a la minería y a la agro industria. En tanto, en San Juan, el gobierno de José Luis Gioja puso en marcha ayer la central hidroeléctrica Cuesta del Viento, que permaneció muchos años fuera de servicio y que ahora permitirá compensar el faltante de energía en las industrias. Las pruebas de la central, ubicada en el departamento de Iglesia, comenzaron en 2001, pero con deficiencias en el sello de la turbina y en el sistema de control, impidiéndose el ingreso de operación comercial quedando fuera de servicio hasta ayer.
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