Ciudadanos y autoridades públicas de estas dos ciudades decidieron marchar hacia Salto Grande y manifestarse para que la central sea excluida de la Resolución 406 firmada en setiembre pasado por el secretario de Energía, Daniel Cameron, en la cual se determina un nuevo precio para el costo por megawat, que caería de 29 pesos a 2 pesos, es decir, una reducción de más de 94%.
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Los manifestantes integrarán ese día una asamblea que además reunirá a los principales actores de la región, como intendentes, ediles y legisladores, funcionarios de la Comisión Técnica Mixta (CTM) y de la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG). «Esta región es muy particular, porque es la más afectada en materia de inundación y los desastres que ha producido la represa», consideró ante la prensa local Guillermo Mazzoni, inspector de obra de CAFESG en Federación.
El perjuicio que denuncian los habitantes de ambas ciudades entrerrianas es que la baja en el precio dejará sin excedentes a Salto Grande, que comenzaría a operar con fondos apenas suficientes para su mantenimiento. Esto afecta a toda la región, ya que los excedentes derivados de la actividad de la represa binacional se reparten entre las tres provincias del litoral -Entre Ríos (67,5%), Corrientes (27,5) y Misiones (5%).
Ante el airado reclamo regional, desde Nación explican que la baja en el precio del megawat responde a una compensación para con las empresas distribuidoras privatizadas.
Por su parte, el gobernador electo Jorge Busti había incluido entre sus promesas de campaña el reclamo por la situación de Salto Grande ante el presidente Néstor Kirchner, con quien mantiene una buena relación.
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