Mendoza exige $ 600 millones

El disparador del conflicto fue un dictamen remitido a la Corte por el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, a principios de julio, tras una presentación de Mendoza, en el cual solicita la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 804/96, 1.125/96 y 69/97 -que desde la administración de Carlos Menem habilitan los beneficios impositivos a provincias-, por «afectar negativamente» a los recursos de los demás distritos.En virtud, el grupo de provincias que tienen permitidas estas rebajas impositivas es muy reducido: se trata de Catamarca, San Juan, San Luis y La Rioja, comprendidas en la llamada Acta de Reparación Histórica, distritos que se encuentran ahora a la defensiva, para intentar mantener los beneficios para unas decenas de empresas radicadas en sus territorios, que no pagan IVA ni Ganancias y abarcan rubros como autopartes, electrodomésticos, jugos, textil, etcétera.
Las provincias promocionadas se reunieron hace unos días en San Juan para trazar un plan conjunto que incluye tratar de conseguir que el Congreso Nacional habilite la apertura de nuevos cupos, lo cual está frenado desde 2000, y pedir el juicio político de Becerra junto con la nulidad de su fallo, alegando «inconsistencias técnicas e incompatibilidades éticas formales» en el dictamen mencionado más arriba. Los fundamentos se apoyan en que el procurador es de origen mendocino y en que durante su anterior función como diputado nacional por Mendoza tuvo participación activa en el tema, defendiendo la postura de este distrito.
Estas provincias también acordaron solicitar una reunión entre los gobernadores y el presidente Néstor Kirchner, para recordarle que durante su campaña proselitista en San Juan prometió mantener los regímenes de promoción industrial; en tanto que, además, llevarán el planteo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt. Otra punta que consensuaron las cuatro provincias es conformar un foro permanente para promover el desarrollo económico en la región, que se reunirá este 15 de agosto en Catamarca.
La respuesta de los mendocinos no se hizo esperar, y el gobernador Roberto Iglesias ya convocó a sus legisladores nacionales para que armen un frente que rivalizará con el conformado por los representantes del Acta de Reparación Histórica.
Paralelamente, los mendocinos avanzan en la negociación extrajudicial con la Nación para intentar cobrar una suma entre $ 400 y $ 600 millones, que reclaman por los perjuicios que le ocasionaron a la provincia los beneficios impositivos otorgados en los distritos vecinos. Existe, a su vez, un reclamo idéntico de Misiones, pero que aún no fue cuantificado monetariamente.
En el caso de Mendoza, aseguran que el arreglo es casi un hecho, ya que, en caso contrario, la Nación se expone a un dictamen de la Corte que podría habilitar reclamos del resto de las provincias sin exenciones impositivas, con el riesgo de elevar la suma implicada a unos 14.000 millones de pesos.
Finalmente, otra carta que tienen en la provincia vitivinícola -y que se enfrenta con la versión de los otros gobiernos- apunta a que Kirchner también les hizo a ellos una promesa de campaña, asegurándoles que eliminaría los beneficios impositivos.