Mendoza - Tras conocer un fallo del CIADI (Tribunal del Banco Mundial) contra la estatización de Obras Sanitarias Mendoza, el Gobierno de Francisco Pérez apura una demanda de 350 millones de pesos por incumplimiento de obligaciones contractuales contra la exoperadora Saur.
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En rigor, el CIADI determinó que la firma francesa no recibió una indemnización adecuada por la empresa provincial, hoy Aguas Mendocinas. Saur señaló que, por la crisis de 2002, primero se le congelaron las tarifas y luego, con el correr de los años, no se le concedieron en tiempo los ajustes acordados con las autoridades. La demanda se entabló hace más de siete años contra el Estado argentino.
Desde el Ejecutivo aclararon que aún no han sido debidamente notificados por la Procuración del Tesoro Nacional, que fue la que llevó adelante la defensa por el lado argentino, pero que entienden que el fallo era previsible por una ley del Congreso que protege las inversiones de Francia hechas en la Argentina, así como las de la Nación en el país galo. Atento a la marcha del caso, la gestión de Pérez apura el texto de una demanda contra la operadora.
Demanda
El escrito está siendo preparado desde hace meses por abogados del Ministerio de Infraestructura, de Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado y del Epas y según señalaron desde el Ejecutivo, la demanda sería por un mínimo de 350 millones, aunque se podría estirar hasta los 700 millones de pesos.
En tanto, la resolución del Tribunal con sede en Washington menciona una «expropiación sin contraparte», a pesar de que en su momento el Gobierno cuyano argumentó falta de inversiones e incumplimiento de contrato.
Ahora se formará una comisión para determinar cuánto se debe pagar a la exaccionista de la proveedora de agua corriente en nuestra provincia. El reclamo inicial fue de unos 200 millones de dólares, pero el monto del resarcimiento puede ser apelado, según afirmaron desde el entorno del gobernador.
El fallo del CIADI llega en medio de una tensa situación luego de que el Gobierno nacional decidiera no cumplir dos fallos en favor de empresas estadounidenses por un monto conjunto de 300 millones de dólares, en una decisión que fue catalogada como de «práctica desleal» por parte de la administración norteamericana. La Argentina aún tiene 17 causas abiertas ante el tribunal internacional, de las 42 acumuladas tras la crisis de 2001.
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