Mendoza: se complica renegociación de deuda

La del mandatario radical es una carrera contrarreloj, ya que el próximo 4 de marzo se activará el primer vencimiento 2004 del bono, por u$s 12,5 millones. Sin negociador oficial al menos hasta anoche, no se descarta que -como en otras oportunidades- la provincia haga uso de la prórroga de 30 días para concretar el pago, a la espera de consensuar nuevas condiciones. Tras ese mes sí deberá abonar el compromiso con los tenedores, o caso contrario caerá en default.

El nudo de la cuestión radica en que -a instancia de sus casas matrices- cada entidad interesada en renegociar el bono exige que para cuestiones de asesoramiento legal, los potenciales conflictos entre ella y la provincia se diriman en la Justicia internacional.

• Razones

Esta fue la razón por la cual tanto JP Morgan como el holandés Ing Bank -preseleccionados tras una licitación- finalmente decidieron no comandar la reestructuración del bono, cuyo vencimiento de capital -en 2007, por u$s 250 millones- la provincia dice no estar en condiciones de pagar.

«No confían en la Justicia argentina. Hay que aceptarlo así, es la penosa realidad», reconoció Cobos. «Evidentemente, las condiciones del país cambiaron y la confianza de estos bancos en el país cambió, y ahora, por políticas de las casas centrales de Nueva York, no están dispuestos a trabajar bajo legislación nacional», dijo por su parte el ministro de Hacienda, Alejandro Gallego.

Según recordaron los funcionarios mendocinos, la Ciudad de Buenos Aires renegoció su deuda bajo esas nuevas condiciones que reclaman los bancos, y Nación pretende hacer lo propio.

En este marco, el gobierno mantiene conversaciones con un tercer candidato. Se trata del Deutsche Bank, tercer banco preclasificado. Al cierre de esta edición esperaban leer la letra chica del contrato, para ver si se arribaba a un acuerdo.

De caerse también esta posibilidad, Cobos enviaría hoy a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia pueda llevar esos litigios a tribunales internacionales. Obtenido ese permiso, volvería a intentar suerte con JP Morgan.

Habrá que ver la postura que asumirá entonces el PJ, que pretende que el gobierno nacional se haga cargo de los u$s 250 millones, a cambio de que la provincia frene el pedido judicial de resarcimiento económico por $ 600 millones, por los perjuicios que -aseguran- les causó la promoción industrial vigente en cuatro provincias vecinas. Una propuesta que en el gobierno provincial consideran «inviable».