Mendoza: legislatura volteó polémica Ley de Minería

El gobernador Rodolfo Suarez pidió dar marcha atrás con la norma que había empezado a regir hace apenas una semana, tras las protestas de ambientalistas que traspasaron fronteras provinciales.

festejos. Los grupos ambientalistas se movilizaron hacia la legislatura de Mendoza y celebraron la derogación de la ley que permitía el uso de sustancias químicas en desarrollos mineros.

La legislatura de Mendoza le puso punto final a la aventura minera al derogar la polémica Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de sustancias químicas (como cianuro o ácido sulfúrico) en la extracción.

El proyecto impulsado por el gobernador radical Rodolfo Suarez había contado con aval del PJ en ambas cámaras, e inclusive con guiños del Gobierno nacional de Alberto Fernández. Sin embargo, las protestas sociales encabezadas por grupos ambientalistas y que traspasaron las fronteras provinciales obligaron al mandatario a dar marcha atrás. La norma duró menos de una semana en pie, ya que se había publicado en el Boletín Oficial el 24 de diciembre. Ayer, los militantes ambientalistas celebraron en la puerta de la legislatura provincial.

El proyecto de derogación ingresó en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores lo aprobaron por 34 votos afirmativos, y dos en contra: Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, localidad desde donde piden que se los exceptúe de la prohibición. Es que allí se encuentra el mayor potencial para la actividad, y también para el sector hidrocarburífero por contar con una parte de la formación Vaca Muerta. En Diputados la votación terminó 43-4 a favor de la derogación.

Justamente, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, afirmó que ese distrito “tiene su licencia social para explotar y hacer minería”. Y aseguró que desde la intendencia va “a trabajar para que pueda explotarse, no solo con minería de primera categoría, sino un desarrollo genuino de la minería también de segunda y tercera categoría”. Con lo cual, Malarguë, en sur de Mendoza, buscará alternativas para que en el corto plazo se pueda desarrollar la actividad de extracción.

Entre las voces a favor de la derogación estuvo Ricardo Funes, ex director de Turismo hasta hace 20 días de San Carlos, y uno de los líderes de los “autoconvocados” de esa localidad del Valle de Uco.

“Quiero celebrar que la política haya respondido al clamor popular, pero después ratificar claramente que la megaminería no tiene licencia social en Mendoza”, dijo. Funes añadió: “Es una celebración que haya sido restituida la Ley 7.722, y también estamos alineados y trabajando para que la 5.001 de Chubut, que es una ley hermana y melliza de la 7.722, también se sostenga”. La referencia chubutense no es al azar, ya que el secretario de Minería nacional, el sanjuanino Alberto Hensel, bregaba por la adecuación de las normas en Mendoza y Chubut, y fue eje de una reunión con provincias mineras.

Al contrario de Funes, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, dijo: “El daño que se le ha hecho a Mendoza es inconmensurable, es inédito que la vigencia de una ley haya durado cuatro o cinco días. No hay antecedentes en la Argentina”, dijo.

Por su parte, la senadora peronista Quiroag, de Malargüe, afirmó: “Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo”.