De obtener la venia legislativa, ese organismo -bajo la bandera de la lucha contra la morosidad fiscal- podrá ordenar la apertura de cajas de seguridad, allanar viviendas, oficinas o locales comerciales y embargar cuentas en todos los bancos o los sueldos de los morosos. Ello, sin orden judicial, aunque con el consentimiento del moroso en cuestión.
Además la intención es considerar infractor -con la sanción correspondiente- no sólo a quien no entregue factura, sino también a quien no la exija. E incluso se impulsa la pena de prisión para quienes violen clausuras.
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