Buenos Aires - En un intento por evitar un efecto inverso al deseado, el Gobierno de Daniel Scioli confirmó ayer que no se aplicará un revalúo inmobiliario en el sector agropecuario, aunque sí llevará adelante un plan de ajustes sobre el Impuesto Inmobiliario Rural que se implementaría recién en 2011.
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La idea es trabajar en ese diseño en forma conjunta con las combativas entidades del campo bonaerense para esquivar cualquier roce que pudiera poner en riesgo el armonioso diálogo que, hasta hoy, mantienen ambos sectores tras el conflicto de 2008.
La aclaración sobre el «no revalúo» corrió por cuenta del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella. «No habrá ningún revalúo inmobiliario en el sector agropecuario», insistió.
Por de pronto, Di Bella anticipó que en los próximos días arrancará una ronda de encuentros con los dirigentes rurales con el objeto de plantearles la visión del Estado respecto de una serie de inequidades que plantea hoy el Inmobiliario Rural.
Aclaró, sin embargo, que no está en el ánimo de Scioli «afectar la rentabilidad de ningún productor», pero tampoco «menoscabar la recaudación tributaria».
El plan, tal como lo anticipó este diario la semana pasada, se ejecutará dentro de lo que desde La Plata denominan «mesa de negociación», constituida mediante acta acuerdo sellada en 2009 entre el gobernador y el campo, en medio de las discusiones en torno a la reforma impositiva finalmente aprobada ese año y que le representó ya a los productores un incremento en ese tributo -que ya rige- de entre el 20% y el 39% (sin contar los partidos exceptuados por problemas de sequía).
Por eso, Di Bella dijo que el Gobierno atenderá el punto de vista de los dirigentes respecto de las perspectivas para este año y el que viene. «Evaluaremos algunas cuestiones puntuales que los propios productores han observado, respecto de ciertas inequidades que podrían estar produciéndose en los límites de las distintas regiones en las que se ha zonificado la provincia a la hora de aplicar el Inmobiliario Rural», aclaró el titular de ARBA.
Ejemplo
A modo de ejemplo citó el caso de campos que están asentados sobre dos partidos diferentes, por lo tanto el impacto del Impuesto es distinto en ambas jurisdicciones. «En esos casos, algunos productores plantean la necesidad de que exista un tratamiento impositivo igualitario, y eso es totalmente razonable», planteó.
En simultáneo, las entidades agropecuarias condicionaron el inicio del diálogo a la promesa del Gobierno de que no habrá modificaciones en los valores de los campos y pusieron reparos en cuanto a los alcances que tendrían los ajustes.
El director provincial de la Federación Agraria Argentina, Guillermo Giannasi, afirmó que «los pequeños y medianos productores no podemos soportar ningún aumento más». La FAA fue la única entidad del campo que no firmó el acuerdo con la provincia en 2009 cuando se acordó postergar hasta 2010 la negociación en torno a nuevos retoques.
Por lo pronto, desde La Plata ya se iniciaron los contactos informales con algunos de los dirigentes de las asociaciones rurales que conforman la Mesa Agropecuaria Provincial (CARBAP, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Coninagro).
El proyecto de Scioli se da en un tiempo signado por el arranque de un año electoral, donde cualquier discusión de un cambio en la ley tributaria puede acarrear ciertos riesgos para los planes reeleccionistas. En 1990, Antonio Cafiero convocó a un plebiscito para habilitar una pelea por su reelección como gobernador y el malestar del campo por una modificación en el Inmobiliario Rural terminó empujándolo a la derrota.
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