La resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata dejó de este modo sin efecto la intimación de pago a cumplir en cinco días, bajo el fundamento central de que el mecanismo -uno de los superpoderes otorgados por ley a la Subsecretaría de Ingresos Públicos- «viola la garantía de defensa en juicio y quebranta el debido proceso y procedimiento administrativo, cuya tutela expresa contienen la Constitución nacional y la provincial». La causa se inició porque un particular rechazó que Rentas lo intimara a presentar las declaraciones juradas y a abonar Ingresos Brutos de 2004 y 2005 calculando la deuda sobre una «base presunta», y otorgándole cinco días de plazo para pagar un monto no inferior a los dos tercios de esa estimación. La deuda fue calculada en unos $ 26.600 y la intimación anunciaba que, de no cumplirse con ella, se promovería en 72 horas juicio de apremio por el total. El fallo judicial en cuestión se opone así a uno de los «superpoderes» que tiene el Ejecutivo, contenido en la Ley 13.405 sancionada a fines de 2005 como parte del paquete de leyes antievasión que aprobó entonces la Legislatura. Estas medidas incluían los embargos de morosos sin juicio previo, que luego fueron frenados por la Justicia. La «liquidación exprés» prevé, entre otros mecanismos, tomar en cuenta la facturación que un comercio efectúe durante una o dos jornadas en las que se instalan inspectores de Rentas en el local.
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