La medida requerida al juez alcanza a los ministros Jorge Bengolea y Julio Garay; el presidente del Consejo de Políticas Sociales, Jorge Maza; los secretarios Alejandro Caridad y Ricardo Lebedevski; y la titular de la Agencia de la Juventud, Natalia Albarez Gómez, así como a los funcionarios Adolfo Scaglioni, César Cáceres y Fabián de la Fuente.
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Ana encuadra la toma de la Legislatura en las previsiones del artículo 226 del Código Penal y la define como delito de «sedición», aunque este delito se encuentra especificado en el artículo 229 del mismo ordenamiento. Por esa petición del fiscal, el juez aplazó las citaciones que había enviado a Garay y a Caridad, quienes debían declarar en la causa, como testigos, este lunes.
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