En rigor, los presos no consumen desde el jueves los alimentos que les proporciona el Estado, pero sí los que les suministran sus familiares. «La medida es pacífica, no es en contra del Servicio Penitenciario, pues exigen derogar la Ley Blumberg (que plantea dentro del Código Penal el uso de armas como agravante), volver a la ley anterior y agilización en las causas procesales», dijo el titular del Servicio Penitenciario de Córdoba, Sergio Barrera. «Es un tema que surge a partir de situaciones que han pasado en Buenos Aires», reconoció el ministro de Seguridad cordobés, Sergio Busso, en referencia a la reciente huelga de hambre de miles de reclusos.
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