En medio del impacto en las provincias por el naufragio del Presupuesto nacional 2022 y la consiguiente merma en recursos, la Casa Rosada y los gobernadores se encaminan a rubricar el próximo lunes una nueva edición del Consenso Fiscal, en clave de alivio y oxígeno para los mandatarios con una nueva tregua en la obligación de bajar Ingresos Brutos, que en este caso ya no adoptaría la forma de un “permitido” con vigencia anual -como en años anteriores- sino que sería con formato extendido.
Alivio para provincias: pacto fiscal profundizará freno a baja de Ingresos Brutos
Mientras avanza el recuento de daños por el naufragio del Presupuesto 2022, ultiman letra chica de nuevo entendimiento con Nación.
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El cronograma de baja fue acordado en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, pero a fin de 2019 Alberto Fernández y las provincias acordaron un freno de un año en esa obligación de disminuir progresivamente II.BB., el principal tributo subnacional. Un paraguas que también se consensuó en 2020.
Pero en esta oportunidad el congelamiento será -a priori- más profundo y extendido. “Esa fue la idea de este año”, dijeron desde un despacho provincial a este diario, en una decisión en la que incidió el impacto de la pandemia y que se ve explicada ahora además por la erosión de fondos por la caída del presupuesto.
“La idea es que el freno al cronograma de baja de II.BB. sea definitivo, pero resta el OK final”, dijeron desde un distrito. “Entiendo que es para siempre”, aportaron desde otro. “Será por tres años”, apuntó un tercero.
En medio del hermetismo de Nación, según un relevamiento desplegado ayer por Ámbito sobre distintos despachos provinciales, el pacto a firmar el lunes podría incluir además una potencial “puerta abierta” para el aumento de la presión impositiva de los gobernadores sobre los sectores bancario, de comunicaciones y de juegos de azar, a partir de una potencial suba en los topes impositivos. En cambio, se mantendrían los techos en las alícuotas de sectores clave como la industria, la construcción, la venta minorista y el transporte.
Por eso, de confirmarse este escenario, en el primer caso aquellos mandatarios con alícuotas inferiores a esos techos podrán eventualmente definir subas. “No implica que necesariamente las provincias vaya a subir las alícuotas, pero es una autorización para hacerlo”, aclaró un funcionario local.
A partir de las consultas ayer de este diario a distintas provincias, el pacto que sellarán los gobernadores contemplaría a priori además: una nueva suspensión, en este caso sí por un año, de los juicios vinculados con reclamos de coparticipación federal; el reconocimiento por parte del Gobierno nacional de la deuda con las provincias por una actualización vinculada al Consenso Fiscal (que se pagará en 12 cuotas, desde enero);parámetros para endeudamiento en moneda local y extranjera; la fijación de parámetros y topes para los impuestos de Sellos, Inmobiliario y Automotor; la modificación de aspectos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, con la puesta en vigencia de reglas que fueron suspendidas por la pandemia; definiciones en torno a los cobros tributarios que las provincias pueden pretender llevar adelante en materia de comercio electrónico, con el domicilio del comprador como vinculación con la jurisdicción; el impulso de intercambio de información entre la AFIP y los organismos fiscales provinciales, y de mecanismos para la valuación de inmuebles a través del Organismo Federal de Viviendas.
Expectativa
El minué formal -esta vez, redoblado- era esperado con ansiedad por los mandatarios, que daban por descontado ese nuevo gesto de alivio desde Balcarce 50 para las cuentas provinciales, que sufren ahora el sorpresivo stress de fin de año por la caída del presupuesto nacional. Un tropiezo y posterior reconducción del texto 2021 que deja en un riesgoso cono de sombras a obras y financiamientos comprometidos, e involucra una resignación de recursos por parte de las provincias del orden de los $ 180 mil millones en materia de coparticipación.
“La sensación es que la mayoría firmará; es importante porque todas las provincias armaron sus normas tributarias asumiendo que se firmará este año”, explicaron desde un distrito. Y, respecto de la reglas en torno a los endeudamientos, señalaron que “son las mismas disposiciones que el Consenso anterior”. “De todas formas no hay acceso al crédito, así que no es muy relevante”, ironizaron.
La firma del Consenso Fiscal el próximo lunes fue anticipada por el chaqueño Jorge Capitanich, tras participar el martes -junto a sus doce pares del Frente de Todos- de un encuentro con el Presidente para analizar el impacto del tropiezo con el Presupuesto, entre otros ejes.
“La idea central es una prórroga, sin modificaciones que afecten la cuantía de recursos percibidos por cada jurisdicción”, porque “el gran compromiso es trabajar para radicar más industrias, promover más inversión pública, y seguir reactivando la actividad económica”, aseguró Capitanich. La rúbrica del Consenso Fiscal se da en paralelo a las febriles tareas en las provincias para el recuento de daños tras la caída del Presupuesto, con foco -dijo el chaqueño- en “identificar cada una de las obras para verificar las fuentes de financiamiento”. Un primer reporte quedará delineado mañana, en preparación del encuentro que mantendrán el lunes Fernández y los gobernadores.
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