12 de marzo 2008 - 00:00

Quedó libre ministro acusado de un robo

San Luis - El ministro de Seguridad, coronel retirado Guillermo López, quedó en libertad por orden de la jueza que pocas horas antes había dispuesto su detención, aunque el proceso que se le inició por un caso de robo calificado seguirá adelante.
Así lo confirmó hoy la jueza Carina Gregoraschuk, quien precisó que López es investigado como presunto «partícipe necesario» del robo y por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
A su vez, López denunció que la jueza tiene «animosidad» en su contra y consideró «extraño» que la prensa local se hubiera enterado de la orden de detención «antes» que él, según dijo.
El lunes, la jueza Gregoraschuk ordenó la detención de López, acusado de ser partícipe primario de al menos un caso de robo calificado. Lo acusó de autorizar la salida de presos que utilizaban ese beneficio para cometer ilícitos.
Ese hecho, para la magistrada, lo convierte en presunto partícipe primario.
López quedó alojado en dependencias de la Jefatura Central de Policía local, pero poco antes de la medianoche fue liberado.

 Pedido

La jueza hizo lugar a un pedido de «hábeas corpus» presentado por la defensa de López y tuvo en cuenta los «fueros» con los que contaría el funcionario por ser ministro.
La acusación contra el funcionario se refiere al período en que cumplió funciones como jefe del Servicio Penitenciario provincial y se basa en la presunción de que si no hubiera autorizado las salidas de esos presos, éstos no hubieran cometido los ilícitos.
La jueza acusa a López por el caso de un preso, Ariel Gardia, que sólo tenía autorizada una salida mensual por la Justicia, pero salió de la cárcel en una segunda oportunidad, en la que cometió un robo. Según la magistrada, para esa segunda salida se le tendría que haber pedido autorización a ella, lo que no ocurrió.
López fue designado ministro de Seguridad de San Luis hace tres meses, con el comienzo del segundo mandato de Alberto Rodríguez Saá. Tras su nombramiento, la filial puntana de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresó su «profunda preocupación» por la designación.

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