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23 de junio 2006 - 00:00

Riesgoso: provincias ahorran ya 33% menos

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A esto hay que agregar que en el primer trimestre de cada año se ejecuta una porción del Presupuesto inferior a la de los trimestres subsiguientes, por lo que se prevé que la caída para la totalidad del ejercicio 2006 será aún más pronunciada: rondaría en torno a 50%, en comparación con el año anterior, según el pronóstico de la consultora que conduce Rogelio Frigerio (nieto).
 Advertencia
Estos datos ya fueron anticipados por varios gobiernos provinciales, que advirtieron sobre la peligrosidad de hacer crecer el gasto sin un sustento en la recaudación impositiva. Al respecto, el gobernador Felipe Solá -que reclama una reforma del régimen de Coparticipación Federal para aumentar el porcentaje que percibe su provincia- hizo saber del riesgo de caer en déficit que corre Buenos Aires, en especial si sigue actualizando partidas salariales. Otro distrito grande como Córdoba sufre por estos días el embate gremial, que no acepta que el gobernador José Manuel de la Sota haya decidido aguardar el resultado fiscal del primer semestre para definir si la provincia está en condiciones de aumentar el gasto salarial. Más al Sur, el mandatario neuquino Jorge Sobisch lanzó la misma advertencia sobre riesgo fiscal, en el marco de protestas gremiales.
El informe de Economía & Regiones indica que el gasto en personal ha acelerado su tasa de crecimiento, aun luego de la actualización de salarios realizada durante 2005. El aumento del gasto del primer trimestre 2006 (+34,8%) es incluso superior al incremento de los primeros 3 meses de 2005 (+32,1%), año en el que se concretó el principal incremento de esta partida.
Sumado a esto, se observa un incremento de la planta de personal en las provincias, generado tanto por nuevas contrataciones, como por el pase a planta permanente de contratados. Esto contribuyó a engrosar aún más el costo de esta partida.
 Expansión
A su vez, en los últimos dos años el gasto en personal está expandiéndose no sólo en términos nominales, sino también como porcentaje del gasto primario, proyectándose una participación de 49% para 2006. Esto implica un deterioro en la calidad del gasto de las provincias, como asimismo un aumento de su rigidez, dado que el gasto en personal es inflexible a la baja.
Otro factor que acelera el gasto es la obra pública, con una expansión incluso superior a la del gasto en personal. Igualmente, el gasto en obra pública representa solamente 11% de las erogaciones primarias de las provincias. Además, buena parte de ésta es financiada por el gobierno nacional vía transferencias de capital, las cuales han crecido en forma continua desde 2003, marcando un incremento interanual de 157% entre el primer trimestre de 2005 e idéntico período de 2006.
 Perspectivas
En lo que respecta a las perspectivas para todo este año, el informe proyecta un deterioro del resultado primario del orden de 50% y que, si bien el ahorro primario seguirá siendo positivo (de aproximadamente $ 2.000 millones), el ahorro financiero sería nulo.
A su vez, durante este año se registraría un faltante de $ 7.000 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública, monto que las provincias deberían reunir solicitando nuevo endeudamiento.
Cabe igualmente aclarar que las jurisdicciones más complicadas ya cuentan con la asistencia financiera del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF). El monto que la Nación destinó a este efecto asciende a
$ 4.000 millones ($ 600 millones menos de lo originalmente presupuestado), lo cual representa 49% de las necesidades de financiamiento del consolidado provincial. La mitad de este fondo (unos $ 2.000 millones) será destinada exclusivamente a asistir 75% del rojo de Buenos Aires.
El resto de las necesidades financieras deberá ser cubierto por las provincias con otras fuentes de financiamiento, como desembolsos de organismos internacionales, emisión de bonos para obras públicas y, en algunos casos, con postergación de pagos a proveedores y contratistas, lo que implica la generación de deuda flotante.
El stock de la deuda pública provincial asciende a unos $ 77.800, el cual está en alrededor de 67% contraído con la Nación. En un contexto de provincias con un progresivo ahorcamiento en sus finanzas, el Estado federal podría verse también perjudicado, en caso de que un eventual default provincial le traslade los costos fiscales.

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