La vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, debió desmentir las connotaciones políticas que desde distintos sectores asignaron al hecho de haber firmado el pase a archivo de la causa contra el senador Armando Traferri, enemistado al gobierno de Omar Perotti, que había solicitado el Senado.
Santa Fe: vice desmiente haber pedido archivo de causa contra senador enfrentado a Perotti
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La funcionaria aclaró que se debió a un acto administrativo y no un guiño al legislador investigado por su participación en redes de juego clandestino, y que terminó por dividir el bloque del peronismo en la Cámara alta santafesina.
A través de un comunicado, Rodenas mencionó que su firma, como titular del Senado provincia, es un requerimiento del reglamento interno de la Cámara y no equivale a solicitar “el pedido de archivo de una causa penal”. “No se condice con la verdad, ya que me he limitado a comunicar al juez interviniente una resolución que expresa la voluntad del cuerpo. Se trata de un acto meramente administrativo”, sostuvo la funcionaria de Perotti. Por otra parte, en su condición de exmagistrada, mencionó: “En el actual sistema procesal penal el archivo de una causa es facultad indelegable y exclusiva de los fiscales”.
Asimismo, Rodenas aclaró que cuando el Senado le encomienda en la resolución ser “parte en el proceso”, esto “sólo implica arbitrar los medios para ser oída institucionalmente en un trámite en el que se está discutiendo la constitucionalidad de decisiones tomadas por el mencionado cuerpo legislativo”.
La disputa entre el grupo de senadores y el Gobierno de Santa Fe tuvo en estos días un nuevo capítulo, cuando la Cámara alta decidió el jueves pasado crear una comisión de evaluación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue rechazada por la Junta de Fiscales y por funcionarios de Perotti.
Finalmente, los legisladores dieron marcha atrás con la decisión y dejaron la comisión en stand by, principalmente por la negativa de radicales y otros peronistas de integrar una iniciativa criticada por intentos de condicionar a la Justicia. El primer legislador en decir públicamente que la decisión quedaba en suspenso fue Felipe Michilig (UCR). Además de indicar que no integraría la comisión, afirmó que desde el Poder Legislativo desean que “los fiscales investiguen lo que deban investigar, procedan, avancen y cumplan con el rol asignado”.
Los fiscales, antes, habían considerado que la comisión era “un avasallamiento no solo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto”.




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