Buenos Aires - Con la intención de incrementar la recaudación entre ceja y ceja, el gobernador justicialista Daniel Scioli envió ayer a la Legislatura un proyecto de reforma fiscal que incluye la creación de nuevos impuestos (como un polémico tributo a la herencia) y el intento de conseguir la autorización para legalizar el secuestro -por parte de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) y sin autorización judicial- de vehículos con deudas en el Impuesto Automotor (creación del ex recaudador Santiago Montoya).
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Se trata de una embestida que apunta a domar las graves urgencias financieras que atraviesa la provincia. Había sido anticipada días atrás por el titular del organismo recaudador, Rafael Perelmiter, y se da en el marco de las discusiones en torno a la elaboración del proyecto del Presupuesto 2010.
La reforma que se pondrá a consideración de la Legislatura impulsa, entre otros ejes, la creación de un impuesto a la herencia y un tributo a la carga y descarga en puertos; la aplicación del Impuesto Inmobiliario a propiedades suntuosas (muchas hoy exentas) en estancias; un aumento del Inmobiliario a 150 mil contribuyentes (de alto poder adquisitivo), y la aplicación del 1,5% de Impuesto a los Sellos (en lugar de igual alícuota de Ingresos Brutos) en la compraventa de autos usados. Con la medida, Scioli espera recaudar al menos $ 1.000 millones anuales adicionales, sólo teniendo en cuenta los cambios en el Inmobiliario y en puertos. Algunas de ellas, en rigor, comenzarán a regir este año.
Veamos algunas de las medidas que acelera Scioli:
La instauración de un impuesto a la transmisión gratuita de bienes -un tributo a la herencia-, que se aplicará sólo para el caso de que el valor de los bienes supere los $ 3 millones.
La pretensión es que el nuevo gravamen -que alcanzará a «las personas físicas y jurídicas que resulten beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes»- esté vigente a partir del 1 de enero de 2010. Según la letra chica del proyecto, el tributo se cobrará sobre el bien heredado radicado en territorio bonaerense, más allá del lugar donde viva el heredero.
«El gravamen propuesto no alcanza a cualquier transmisión gratuita, encontrándose exenta de pago toda transferencia de estas características cuando el valor de los bienes no supere la suma de $ 3.000.000», sostiene el texto oficial.
El más polémico de los tributos anticipa una puja en la Justicia, de la misma manera que generó resistencia el luego abortado impuesto a la riqueza, y por la supuesta doble imposición con el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este diario que no se trata de un caso de doble imposición. «Si tengo una propiedad por $ 5 millones por la que pago Bienes Personales y luego me muero, mis hijos se quedan con ese bien (por el que nunca pagaron ese impuesto), abonarán el tributo a la herencia y luego tributarán Bienes Personales», explicaron. También admitieron que la medida va a generar polémica porque «quienes reciben grandes herencias no quieren pagar. Por eso, José Martínez de Hoz eliminó el Impuesto a la Herencia en 1976», agregaron.
El cobro del Impuesto a la Herencia es una potestad que la Ley de Coparticipación Federal les da a las provincias, y que en el caso de Buenos Aires está contemplada en la Ley de Educación provincial de 2005, para apuntalar el financiamiento del sector. Precisamente, la recaudación de este futuro tributo será destinada en un 80% al Fondo Provincial de Educación.
· La aplicación del Impuesto Inmobiliario a propiedades suntuosas en estancias. Según fuentes gubernamentales, hoy no están gravadas las que no superan el 10% del valor del campo. «Van a pagar como una propiedad del mismo tipo en la ciudad», agregaron. También se ratifica el aumento progresivo de hasta el 20% del Impuesto Inmobiliario para 150.000 contribuyentes.
· La autorización por ley para que ARBA pueda secuestrar, sin autorización judicial, vehículos con deudas en el Impuesto Inmobiliario. En rigor, la coercitiva medida se aplicó ya en la provincia, pero por vía administrativa y con polémica judicial. La pretensión es apuntar a los vehículos de alta gama y de los últimos dos años, con una mora importante.
· La modificación de la tributación compraventa de autos usados, con la eliminación del pago del 1,5% de Ingresos Brutos y la aplicación de la misma alícuota en Sellos. El objetivo es evitar el alto nivel de evasión, ya que para el caso de Sellos actuará como agente de retención el Registro de la Propiedad Automotor.
* La creación de un impuesto a la carga y descarga de mercaderías en los 14 puertos bonaerenses ($ 10 por tonelada en las exportaciones, y $ 30 por tonelada en las importaciones), que les permitirá recaudar a las arcas locales de 500 millones a 700 millones de pesos por año.
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