Buenos Aires - El Gobierno de Daniel Scioli se sumó al lote de mandatarios que sugieren a Cristina de Kirchner flexibilizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que desde agosto de 2004 -y a instancias del por entonces presidente Néstor Kirchner- pone un tope al endeudamiento y al gasto de las provincias.
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La propuesta bonaerense -hecha pública por el ministro de Economía, Alejandro Arlía- apunta incluso a que la norma fiscal sea suspendida hasta fin de año, para así superar la barrera legal que hoy cierra a los mandatarios la posibilidad de endeudarse para pagar gastos corrientes, incluidos los salarios.
«El rebote beneficiará al Gobierno nacional, porque los gobernadores dejarán de peregrinar por la Casa Rosada para pedir asistencia financiera adicional», razonaron fuentes bonaerenses.
Arlía anticipó que la sugerencia a Balcarce 50 será elevada en los próximos días por los representantes bonaerenses ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, integrado por todas las provincias y que preside el titular de la cartera de Hacienda nacional, Amado Boudou.
Tal como lo anticipó este diario en su edición del pasado martes, un nutrido lote de gobernadores planea pedirle -o ya lo hizo- a la Presidente cambios en la ley fiscal para aliviar las urgencias financieras que atraviesan los distritos, de la mano de una mayor libertad para destinar recursos a gastos corrientes, como el pago de salarios.
Ideólogo
Entre quienes picaron en punta se encuentra el justicialista mendocino Celso Jaque. «La norma no contempla crisis como las emergencias sanitarias o las crisis sociales, que requieren atención, destinando gastos de capital a gastos corrientes», advirtió, además de adelantar que hablará con legisladores nacionales por Mendoza y con otros gobernadores para acelerar los cambios en la norma.
«La ley está pensada para actuar en la etapa positiva del ciclo económico, pero en un año tan atípico como éste creemos que se debería poner en estudio junto al Gobierno nacional la suspensión de la norma», coincidió Arlía.
El planteo se da en el marco de la desaceleración de los envíos de coparticipación y de las recaudaciones locales, por impacto del conflicto con el agro, la crisis financiera internacional y la gripe A.
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