Se nacionaliza huelga de hambre en cárceles. Temen incidentes

Hoy se cumplen 13 días de protesta en diez instituciones del Servicio Penitenciario de Buenos Aires y dos comisarías (la 14 de Melchor Romero y la 11 de Ringuelet). En tanto, en las últimas horas del lunes se sumaron a la huelga de hambre presos de dos cárceles del Servicio Penitenciario Federal: la de mujeres de Ezeiza y la de Villa Devoto, según informó el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.
«El reclamo está fundamentalmente dirigido a la Justicia, no es un reclamo por las condiciones de detención, sino que simplemente han reproducido el mismo reclamo hacia la Justicia por la agilización de las causas», indicó al respecto el procurador penitenciario, quien agregó, además, que los presos apuntan puntualmente contra «la prisión preventiva, una medida que a mi modo de ver se ejercita de modo abusivo. Hoy tenemos 80 por ciento de procesados y 20 por ciento de condenados, una cifra muy alta».
En Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia provincial comenzó a auditar si existen situaciones de mora injustificada en juzgados y tribunales con el llamado a juicio de personas privadas de su libertad, las cuales en su gran mayoría se encuentra con prisión preventiva.
 Optimismo
Por su parte, el subsecretario de Políticas Penitenciarias de la provincia, Carlos Rotundo, dijo ser «moderadamente optimista de los resultados que se den esta semana», tomando en cuenta que de existir una respuesta de la Justicia, el levantamiento de la huelga demoraría unos dos días.
La medida de fuerza de los presos bonaerenses se da hasta el momento de manera pacífica, pero el ministro Di Rocco advirtió que, «de prolongarse, puede haber algunas cuestiones que tengan que ver con incidentes, ya que no todos los internos en las unidades están adheridos, lo que puede generar algunas cuestiones de convivencia». Igualmente, Solá desestimó de plano la posibilidad de que haya enfrentamientos entre presos o motines. «Hay muy buen nivel de diálogo y además estamos concentrados en las necesidades, que esperamos que la Justicia pueda satisfacer», dijo ayer.
«Lo que más se reclama son las demoras en las apelaciones; en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hay 25 mil internos y 75 por ciento no tiene condena y, de ese 75 por ciento, 52,8 por ciento no tiene ni asistencia en primera instancia», detalló Di Rocco.
«Es imposible negar que la provincia tiene un retardo de Justicia -añadió el ministro-. El Poder Judicial dice que necesita más presupuesto, nosotros admitimos eso, pero sostenemos que tiene que haber un cambio organizacional en la Justicia, especialmente en la Justicia penal, donde hay un cuello de botella.»
Desde el Ministerio de Justicia de Buenos Aires aseguraron ayer que el Servicio Penitenciario realiza permanentes controles médicos a los internos en huelga de hambre y que no se evidenciaban graves signos de deterioro físico en ellos. Según se indicó, se los provee de leche y jugo de naranja y se les aumentó la cantidad de yerba mate y azúcar. Los presos entregaron un petitorio en el que, entre otros puntos, reclaman la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos, la conformación de una figura procesal que sancione a los jueces que incumplan sus funciones y que se fije un plazo razonable de prisión preventiva, y la derogación total de la Ley 12.405 (conocida como «ley Ruckauf»), que otorga a los jueces la posibilidad de dictar prisiones preventivas en forma automática.