El ministro Julio Alak y el gobernador Daniel Scioli analizaron junto a más de 30 intendentes la marcha de la primera etapa del plan de seguridad ciudadana.
Buenos Aires - Las sospechas sobre presuntos desvíos en el uso de los fondos asignados por el Gobierno nacional a los municipios para adquirir elementos contra la inseguridad parecieron confirmarse ayer durante una reunión en La Plata. El ministro Julio Alak y el gobernador Daniel Scioli sentaron frente a sí a una treintena de alcaldes a quienes instaron a firmar una serie de correcciones al Programa Integral de Seguridad Ciudadana, extendiendo los plazos de rendición de cuentas de esos fondos.
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La movida había sido consensuada entre Alak y Scioli, en un intento por «limpiar» las desprolijidades de un sistema que comenzó a implementarse desde la Jefatura de Gabinete en tiempos de Sergio Massa y que prevé un desembolso global de 400 millones.
La porción inicial, unos 185 millones de pesos, empezó a girarse en abril de 2009 a 40 municipios bonaerenses -también recibieron partidas similares otros distritos del país con serios problemas de delitos-, sin pasar por la oficina del gobernador.
La cercanía de las elecciones legislativas alentó entonces todo tipo de especulaciones respecto del destino real que tendrían esos dineros. Mientras muchos efectivizaron la compra de patrulleros, cámaras de seguridad o instalaron centrales de emergencias con monitoreo por GPS, otros se vieron forzados por las urgencias de caja a pagar salarios y postergar el rumbo original de esos subsidios.
Algunos citan, por ejemplo, la distorsión que se evidencia en municipios vecinos entre sí, como Hurlingham, Ituzaingó y Morón. Mientras los dos últimos exhibieron avances concretos en materia de insumos para mejorar la seguridad, el primero no mostró mejoras en los servicios de seguridad urbana.
La misma deformación se repitió en una decena de distritos, especialmente en algunos localizados en el conurbano, paradójicamente la zona roja de la inseguridad urbana.
Frente a este escenario empantanado, el Gobierno y la provincia intentarán normalizar el plan original para completar después nuevos desembolsos con destino específico, de acuerdo con las necesidades de cada municipio.
«Desde ahora se van a solventar todos los gastos que, a juicio del Ministerio de Seguridad y de acuerdo con el requerimiento particular de la zona, ayuden a la mejor implementación del programa», explicó ayer un técnico de la jefatura de ministros bonaerenses.
De la reunión de ayer participaron también el secretario nacional de Seguridad Interior, Sergio Lorusso; el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y los ministros provinciales de Seguridad, Justicia e Infraestructura, Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Cristina Álvarez Rodríguez, respectivamente.
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