Sigue tensión por la rebelión policial

La Justicia en lo Criminal y Correccional de Santiago del Estero había dado plazo hasta las 13.30 para que los autoacuartelados se retiraran del lugar. Sin embargo, lejos de acatar la orden judicial, los policías todavía se encontraban ocupando la Jefatura, a la vez que presentaron un escrito judicial en el que argumentan que el juez que ordenó el desalojo carece de jurisdicción para intervenir.
En este sentido, los abogados que patrocinan a los autoacuartelados presentaron un escrito en los tribunales locales planteando un «incidente procesal de declinatoria de jurisdicción». Según se estima, en la toma de la Jefatura de Policía provincial participan unos dos mil uniformados.
Los policías autoacuartelados piden, entre otros puntos, un salario básico de 700 pesos para el agente de policía, ascensos y la restitución de la quita salarial aplicada durante los últimos gobiernos de Carlos Díaz, Carlos Juárez y Mercedes «Nina» Aragonés y la intervención federal de Juan Schiaretti. También pidieron al gobierno que no se transfiera a la Nación el régimen provisional policial y del servicio penitenciario de Santiago del Estero.
La orden estableciendo el desalojo había sido firmada por el juez Gustavo Adolfo Herrera, quien había acusado a los policías del delito de sedición.
Esta medida de fuerza, que comenzó en la madrugada del martes, repercutió de manera importante en el centro financiero santiagueño, puesto que varios bancos debieron cerrar sus puertas a raíz de la falta del servicio de custodia necesario para poder funcionar.
Si bien el martes por la noche hubo negociaciones entre los policías acuartelados y autoridades provinciales, al cierre de esta edición el diálogo entre las partes estaba interrumpido.