Solá lanzó amplia reforma penal para acelerar causas

Buenos Aires - El gobernador Felipe Solá presentó ayer un proyecto de ley en pos de una amplia reforma de la Justicia bonaerense, con la cual espera triplicar la cantidad de juicios orales para acelerar las causas en trámite.

Los cambios entrarían en vigencia en el primer trimestre de 2007 e incluyen la transformación de los tribunales tripartitos en unipersonales, de manera que de los 70 actuales se pasará a 210, y la eliminación del Tribunal de Casación, por lo que los fallos que surjan de las cámaras se apelarán directamente ante la Suprema Corte.

Actualmente, los tribunales se encuentran saturados y 80% de los procesados está a la espera de la sentencia de primera instancia, en un marco de masivas protestas de presos bonaerenses. Hay 24.481 personas privadas de libertad a cargo del Servicio Penitenciario, de las cuales sólo 4.157 están penadas, mientras que 11.107 están detenidas sin sentencia. Hay 492 personas que están sobreseídas, 6.346 con sentencia en primera instancia -no firme- y 2.379 con sentencia en segunda instancia -no firme- ; 81% de las personas presas están procesadas. Los aspectos centrales de la reforma judicial bonaerense son los siguientes:
Se proyectan juicios cortos y con «mayor eficiencia» con la multiplicación de órganos de juzgamiento. Los tribunales criminales de tres jueces se convertirán en órganos unipersonales, pasando de 70 organismos a 210.
Se reforzará la composición del Ministerio Público, con la designación de más fiscales y defensores oficiales. Se prevé mayor cantidad de audiencias y más cercanas en el tiempo al momento en que el delito se cometió.
Será excepcional el juicio en tribunal colegiado de los delitos cuya pena prevista supere los 20 años de cárcel.
Se simplificará la revisión de sentencias al suprimirse el recurso de casación e instaurarse un recurso amplio contra las sentencias definitivas ante las Cámaras de Apelación de cada Departamento Judicial.
Las apelaciones durante el proceso en cuanto a cuestiones incidentales (prisión preventiva, excarcelación, nulidades) serán atendidas y resueltas en forma unipersonal por un integrante de la Cámara.
Todos los jueces penales tendrán competencia rotativa para desempeñarse en cualquiera de las funciones que contempla el Código -juez de garantías, de juicio o de ejecución- según lo determine la Suprema Corte de Justicia. Esto permitiría adecuar mejor los tiempos del sistema y garantizará un equilibrado reparto de la carga laboral, evitando tiempos ociosos.
Se creará la Secretaría Administrativa de Gestión (SAG) para la coordinación, por departamento judicial, de las áreas administrativas de todos los juzgados. Los jueces se reservarán únicamente la misión de juzgar. Esas secretarías administrarán las agendas de los jueces y fijarán audiencias en 75% de los días hábiles del año en horario de 8 a 17.
Se reforzará la estructura orgánica del Poder Judicial contra incorporación de 45 nuevos jueces penales, principalmente para el conurbano; 8 nuevas salas de apelación en los departamentos que hoy cuentan con sala única y se cubrirán todas las vacantes en salas de apelación.
Para «equilibrar fuerzas entre fiscales y defensores y evitar superposición y frustración de audiencias», se crearán 144 defensores oficiales distribuidos en toda la provincia y se contemplarán previsiones para la readecuación de la estructura edilicia actual.
Se extenderá por ley a toda la provincia el procedimiento de «flagrancia» vigente en Mar del Plata, San Martín y Zárate-Campana. Esto implica la oralización plena desde el inicio del proceso y la concentración de la mayor cantidad de decisiones en audiencias fijadas inmediatamente después de cometido el ilícito. Se lograría así juzgar delitos con penas previstas de hasta 15 años de privación de libertad, en un tiempo promedio de 25 a 30 días.