También provincias suben salario mínimo

Luego de que el gobierno nacional acordara con representantes sindicales y patronales elevar el salario mínimo de $ 980 a $ 1.200 a partir de este mes, el mandatario chubutense -y presidenciable 2011- Mario Das Neves anunció que ese piso para la administración pública de la provincia será de $ 1.300.
Lo dijo al notificar el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que alcanza a los empleados de plantas permanente, temporaria, y contratados. «De acuerdo con el aumento salarial estipulado por el gobierno nacional (que rige) a partir del 1 de agosto, nosotros vamos a enviar un proyecto de ley fijando en $ 1.300 a partir de agosto el mínimo» en toda la administración pública provincial, detalló Das Neves en Rawson.
El gobierno nacional acordó con representantes sindicales y patronales, en el marco del Consejo del Salario, elevar el salario mínimo a $ 1.200 desde agosto y a $ 1.240 a partir de diciembre. El nuevo monto de salario mínimo comprende a «todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado nacional actúe como empleador», según consta en la Resolución 03/2008.
Sin embargo, no todos los gobiernos provinciales están en condiciones financieras para aplicar las medidas que la administración central impulsa unilateralmente.
En este sentido, una decena de provincias atraviesa serios problemas por estos días debido a los reclamos de los docentes -ente otros gremios-, quienes solicitan una actualización salarial en la vuelta a clases luego del receso invernal.
Entre los gobiernos que afrontan estas protestas se encuentran Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires, Corrientes, Salta, Tucumán, Río Negro, con paros y estado de alerta y movilización en varios de estos distritos, donde toman la resolución del Consejo del Salario como piso para sus reclamos. Sin embargo, el caso más grave es el de Tierra del Fuego, donde la crisis financiera derivó varias renuncias de funcionarios -incluido el vicegobernador Carlos Bassanetti- y constantes embestidas de los gremios.