Los ministros de la Corte Suprema escucharon ayer, en audiencia pública, a representantes de los
gobiernos nacional y salteño y a enviados de comunidades aborígenes.
En una audiencia concretada ayer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación -a partir de una denuncia de aborígenes salteños-, el secretario de Medio Ambiente nacional, Homero Bibiloni, aseguró que si bien «todo desmonte tiene algún impacto», la tala de bosques «no fue determinante» para desatar el alud que castigó días atrás a la localidad salteña de Tartagal.
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Por su parte, el fiscal de Estado de Salta, Ricardo Casali Rey, sostuvo que «no hay bases científicas que permitan relacionar el desmonte con el alud en Tartagal». «Sobre todo, si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido ni desmontes ni aprovechamientos forestales que permitan atribuir a esa actividad la generación del fenómeno natural», remarcó.
En cambio, los representantes de la comunidad wichi enfatizaron que «no hay posibilidades de desligar la tragedia de Tartagal de los desmontes en Salta» y advirtieron que, de continuar la tala de árboles (que, aseguran, no se detuvo), «en quince años se acabará el bosque en la provincia».
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi escucharon a las partes, en lo que fue la primera audiencia pública del año por el desmonte y tala de bosques nativos, y que derivó en el buceo de los potenciales orígenes del trágico alud.
-»¿Tuvo algún impacto la deforestación de que hablamos respecto del alud en Tartagal?», le preguntó Maqueda a Bibiloni.
-»Todo desmonte tiene algúnimpacto, pero en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud», contestó el funcionario de Cristina de Kirchner.
En paralelo, autoridades de Salta admitieron que la provincia carece de datos sobre el impacto ambiental generado por el millón de hectáreas deforestadas en los últimos 10 años, un tercio de ellas en el departamento de San Martín, cuya cabecera es Tartagal. El mapa de los bosques y la deforestación de la región «está en marcha; todavía no lo tenemos», dijo Casali Rey, quien asistió a la audiencia junto al ministro provincial de Medio Ambiente, Julio Nasser.
En su presentación, la provincia pidió que se suspenda la medida cautelar que dictó la Corte a fin de 2008, disponiendo el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos autorizados en Salta en el último trimestre de 2007.
Por su parte, Bibiloni consideró que el volumen de los desmontes en esa provincia «es negativo» y enfatizó que impulsará medidas para «revertir esa tendencia en el Gran Chaco».
También destacó la importancia de la firma -el viernes pasado- «del decreto reglamentario y un conjunto de programas que apuntan a fortalecer el bosque nativo en la Argentina y las áreas forestales en las provincias», vinculando los programas «con las comunidades originarias».
En tanto, ante una consulta específica de Maqueda, Bibiloni sostuvo que las demoras en la reglamentación de la ley de bosques se debieron a que «hubo observaciones de las provincias, porque había problemas técnicos que superar y porque faltaban ajustes en el tema financiero».
En paralelo, uno de los datos que llamó la atención de los jueces fue que, del millón de hectáreas desmontadas en los últimos diez años, la mayor cantidad de autorizaciones brindadas a las empresas se otorgaron durante el último trimestre de 2007. El representante legal de los aborígenes, Raúl Ferreyra, vinculó la postal a la «expansión de la actividad agrícola, y el monocultivo», y resaltó que ello ocurrió «antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques».
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