Versiones cruzadas por choque en Formosa. Murió otro indígena

Armas que la Policía secuestró a los indígenas que resisten el desalojo de tierras que dicen les pertenecen.

Formosa - El violento desalojo en el que murieron tres personas derivó en versiones encontradas entre las autoridades provinciales y los integrantes de la comunidad toba, mientras se mantenía anoche un escenario de tensión en la zona que desde ayer custodia la Gendarmería.

En este contexto, llegó al lugar el juez de Instrucción de Clorinda Santos Gabriel Garzón, quien realizó una inspección ocular a la vera de la Ruta 86 y a cuatro kilómetros de Laguna Blanca. «Hasta acá tenemos triple homicidio cuyos autores hay que determinar», refirió el magistrado.

Más temprano, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, dijo que el enfrentamiento se produjo cuando una comitiva policial de unos cien efectivos -que acompañaba al juez y la fiscal- ingresó a un campo, donde se encontraba igual cantidad de aborígenes denunciados por «usurpación de tierras».

Los hechos

«Los policías y personal judicial fueron agredidos al llegar al campo de los Celía y ahí en la retirada del lugar un efectivo pierde un arma que es tomada por los aborígenes», sostuvo el funcionario al salir en defensa de la actuación policial.

En cambio, Félix Díaz, representante de los pobladores originarios y funcionario del INADI, relató que el hecho comenzó cuando un grupo de personas, acompañado por algunos policías, atacó a balazos a los aborígenes que cortaban la Ruta 86 y ocupaban un predio próximo, que reclaman como suyo, aunque la Justicia le dio la titularidad a una familia criolla de apellido Celía.

Los indígenas responsabilizaron a las fuerzas de seguridad de Formosa, al señalar que «la Policía simuló que se les cayó un arma para luego culparnos de todo, todo estaba planeado de antemano, de hace mucho».

La comunidad toba Colonia La Primavera se niega a abandonar el lugar al esgrimir la Ley 26.160 de emergencia territorial que detiene los desalojos de los territorios indígenas. Sin embargo, el hecho que desencadenó el bloqueo de la ruta responde al anuncio del Gobierno provincial de levantar, en 600 de las 5.000 hectáreas otorgadas por ley a los pueblos originarios, un Instituto Universitario Agropecuario.

Paradójicamente, la provincia fue la primera en América en dictar una Ley de Reparación Histórica sobre los aborígenes. Fue en 1985, durante la gobernación del actual vicegobernador Floro Bogado.

Por su parte, el senador nacional por la UCR de esa provincia Luis Naidenoff aseguró que el reclamo de los indígenas «es absolutamente legítimo» y consideró que se llegó a esta situación como consecuencia de una «degradación institucional producto de un estilo de ejercicio hegemónico del poder», en referencia directa al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde hace cinco períodos gracias a la reelección indefinida y la polémica ley de lemas. El radicalismo aspira a consolidar un frente electoral con distintos sectores provinciales con objeto de impulsar una reforma de la Constitución para eliminar la figura de perpetuidad y los lemas. En esa avanzada aparece el sacerdote Francisco Nazar, histórico defensor de los derechos aborígenes, que días atrás anunció su decisión de dejar los hábitos para dedicarse a la política en busca también de quebrar la hegemonía del peronismo representado por Insfrán.

En tanto, la diputada Silvia Vázquez (Concertación-Forja) dijo que «esas muertes se podrían haber evitado» y pidió a Insfrán que «escuche el reclamo de la comunidad Primavera».