Ya es ley reforma penal de Scioli

Buenos Aires - La Legislatura bonaerense aprobó ayer la reforma penal impulsada por Daniel Scioli, que busca agilizar las causas penales en la provincia y descomprimir el cúmulo de expedientes que se encuentra en el Tribunal de Casación.
La reforma fue convertida en ley por el Senado, luego de que la semana pasada la avalara la Cámara de Diputados.
Con la aprobación completa de las dos cámaras, se extiende a toda la provincia el sistema de juicios rápidos -conocido como flagrancia- y se reduce la competencia de Casación, para descomprimir el embudo de causas acumuladas en ese tribunal.
Los proyectos habían sido tratados la semana pasada en Diputados, pero como el Senado introdujo modificaciones, ambas cámaras tuvieron que sesionar ayer en tándem para lograr la sanción de las dos leyes. El siguiente paso será una reforma más amplia del Código Procesal Penal, la cual, según el Ejecutivo provincial, también pasaría a ser ley antes de mitad de año.

 Derivación

De esta forma, la complicada situación que sufre actualmente el Tribunal de Casación, donde se apilan cerca de 7.000 expedientes sin sentencia, será aliviada, ya que los documentos serán derivados a las 36 cámaras de apelaciones y garantías del distrito, en donde podrán solucionar la mora judicial. Se encargarán en ese sentido de tratar las excarcelaciones, las cuestiones correccionales y otros recursos. La idea es que Casación se dedique exclusivamente al área criminal, para resolver sólo apelaciones a sentencias de juicios orales.
El sistema de flagrancia, en tanto, ya se utiliza en Mar del Plata y otros once distritos de la provincia. Los juicios rápidos operan sobre personas detenidas en el momento en que cometen los delitos y prevén penas menores que 15 años. Además, los jueces en estos casos dictan sentencia en no más de 60 días.
El gobierno apunta con esta sanción a que las investigaciones por delitos graves (por ejemplo, los homicidios) no demanden más de dos años y tengan su sentencia antes de los 30 meses de comenzado el proceso.
En tanto, otro punto clave de lo resuelto ayer son las atribuciones que la Suprema Corte de Justicia recibirá en torno a la constante y pesada carga de apelaciones que llegan cada año al máximo tribunal. En ese sentido, la Corte provincial no podrá recibir más apelaciones de delitos que acarreen penas menores que 10 años.
Además, se introdujo la institución del «certiorari», una figura que habilita a la Suprema Corte a rechazar recursos que llegan a su órbita basándose en jurisprudencia emitida en una causa análoga, por lo tanto, sin necesidad de fundamentación. «Con esto evitamos que lleguen a la Corte recursos que sólo son presentados para dilatar la marcha del proceso penal», se explicó.
Las iniciativas fueron aprobadas con el apoyo del FpV, el PRO y Recrear, mientras la Coalición Cívica se opuso. La UCR, en tanto, acompañó el apartado destinado a la «flagrancia» y votó un despacho de minoría para la reforma de Casación.