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Aportes de campaña: oficialismo apuesta a derivar caso a La Plata

• FISCAL ELECTORAL SE DESPRENDERÁ SEMANA PRÓXIMA DE AVANCE PRELIMINAR
Causas se multiplican en suelo bonaerense y Casanello resistirá el embate por quitarle expediente con ayuda de Stornelli que pidió investigar lavado.

Para pesar de la Casa Rosada y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal ya existe una decena de causas judiciales abiertas por aportantes falsos a la campaña legislativa 2017 de Cambiemos. Más allá de las dos que se tramitan en el fuero federal (en Comodoro Py y en La Plata) y la investigación preliminar de la Justicia electoral a cargo del fiscal Jorge Di Lello existen múltiples presentaciones en el interior bonaerense por presuntos aportantes "truchos" que aparecen en los listados declarados como financistas electorales, quienes denuncian que no aportaron dinero alguno. Las UFI locales y los juzgados están receptando esos reclamos que se suman a la decena de llamados diarios que recibe el juzgado de Sebastián Casanello, que instruye el expediente más comprometido por posible lavado de dinero. La semana que viene, la Justicia electoral girará todos los hallazgos (incluidas las constancias de que un gran número de presuntos aportantes eran beneficiarios de planes sociales) al juzgado electoral de La Plata a cargo de Adolfo Ziulu. Mientras tanto, la estrategia oficial será intentar quitar de la órbita porteña las investigaciones y derivarlas a suelo bonaerense, con la intención de anular el delito de blanqueo de activos, algo que habilitó como hipótesis el fiscal Carlos Stornelli.

En la máxima reserva por motivos de preservar de aprietes y amenazas a los testigos- el juzgado de Casanello ya aplicó un cronograma de convocatoria al medio centenar de personas que aparecieron como aportantes en la denuncia que planteó La Alameda a partir de la investigación del periodista Juan Amorín. Intentarán retener el expediente a pesar de que la estrategia del Gobierno será plantear que no es competencia el juez (por haber sido hechos registrados fuera de los límites de la General Paz y sostener que no existe el lavado por ser presuntas faltas a nivel del Código Electoral). Los escenarios son múltiples: Di Lello girará a Ziulu su avance preliminar apenas Gendarmería termine el informe socio-ambiental sobre una muestra de 50 personas que figuran en los listados. Ya recibió informes del ANSES y de Desarrollo Social donde consta que la mayoría (más allá de nombres repetidos u ilegibles) eran beneficiarios de asistencia social. Una de las hipótesis en confirmar que los aportes "figurados" no excedían su eventual ingreso, con lo que podría haber habido manipulación de bases de datos para no incurrir en erogaciones incongruentes con ingresos, parte de la maniobra a investigar.

A partir de ello, la batalla será determinar si son delitos electorales o lo exceden: Ernesto Kreplak es el otro magistrado que recibió una denuncia de la senadora K, María Teresa García y podría terminar concentrando tanto lo que reciba de Ziulu como lo que instruye Casanello. Ambos escenarios son negativos para Vidal, cuya primera estocada fue propinada por el requerimiento de instrucción de Stornelli que amplió los márgenes investigativos por lavado de dinero. Hasta que no se descarte esa presunción, en tribunales piensan horadar esa hipótesis. El abogado Alejandro Pérez Chada, designado para representar a la despedida contadora María Fernanda Inza todavía no efectuó presentaciones y está a la espera de los movimientos del juzgado, lo mismo que el resto del oficialismo que mantiene mutismo judicial.

En la Justicia federal sostienen que los delitos de falsedad ideológica (por haber además fichas falsas de afiliación al PRO) determinarían que la cuestión excede una falta electoral, lo cual asusta a Cambiemos porque también podría derivar en inhabilitación de candidaturas, cuando Vidal sonaba como recambio para 2019. La paranoia por el "fuego amigo" invade los corrillos oficialistas, como reveló Ámbito Financiero. Para colmo, Di Lello giró a la Cámara Nacional Electoral un cúmulo de irregularidades que Cambiemos arrastra desde la elección presidencial de 2015 para que adopte una postura.

En el interior bonaerense están en proceso de "certificar" una decena de denuncias adicionales con el objetivo de unificarlas, paso previo a que pasen a los tribunales de Retiro. Esto contraría los pronósticos del Gobierno que aspiraba a encapsular los alcances del escándalo.

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