Betina Stein: "El FMI debe asumir las irregularidades del préstamo a Argentina a la hora de renegociar"

Sergio Massa anticipó que planea renegociar el programa con el Fondo. Pronto vendrá una misión para investigar las ilegalidades del crédito y esa puede ser una pieza clave. Lo cuenta la ex directora del BCRA.

Betina Stein, ex directora del BCRA.

El candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa anticipó que, si gana las elecciones, renegociará el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) en un contexto en el que nuestro país ha cumplido con los pagos y tiene por delante varios vencimientos. Tal como señaló el funcionario, ya se le planteo al Fondo que se va a rediscutir el acuerdo y, en el marco de esa negociación es esperable que entre en juego el alto nivel de irregularidades que existieron alrededor de ese crédito, que fue otorgado en el gobierno de Mauricio Macri.

Así lo plantea la abogada y ex directora del Banco Central (BCRA) Betina Stein en diálogo con Ámbito, quien destaca que el organismo “le dio a la Argentina una suma supera fuertemente la cuota que cada país miembro tiene” y, por otro lado, asegura que eso “se permitió a sabiendas que ese dinero fue a la fuga de capitales, lo que violó artículos de la normativa constitutiva del Fondo”.

Así, sostiene que, “si Massa vuelve a sentarse a replantear el acuerdo, debe poner sobre la mesa las violaciones de las normas en el proceso” como elemento de negociación. Señala en esta entrevista que la Justicia tiene todos los elementos disponibles para probar las irregularidades y que existe un informe económico del BCRA en ese sentido, que marca la fuga de capitales. “Hay que ver si no hay intereses creados con los funcionarios públicos de ese momento”, advierte.

Una misión del FMI va a venir determinar las condiciones en las que se dio el crédito y establecer puntos para trabajar junto a la Argentina. Y la entrevistada asegura que, “si es serio el informe, difícilmente se pueda llegar a un resultado que niegue que se violaron las normas que establece el propio organismo”. Esto se da en el marco de que, luego de los pagos realizados al Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre y noviembre, que sumaron unos u$s3.400 millones, la Argentina deberá cancelar entre diciembre y febrero u$s3.700 millones al FMI.

Periodista: ¿Cómo ve las negociaciones del acuerdo con el FMI? ¿Qué va a investigar la misión que va a venir a la Argentina?

Betina Stein: La misión del FMI va a venir determinar las condiciones en las que se dio el crédito y establecer puntos para trabajar junto a la Argentina. Si es serio el informe, difícilmente se pueda llegar a un resultado que niegue que se violaron las normas que establece el propio organismo. Y es que se permitió a sabiendas que la fuga de capitales violó artículos de la normativa constitutiva del Fondo, se violaron sus propias normas y la Argentina no lo ocultó.

Esto es muy importante, sobre todo políticamente, porque el día de mañana, si el actual ministro de Economía y posible presidente Massa vuelve a sentarse a negociar el acuerdo, después del 10 de diciembre, puede poner sobre la mesa un informe que dice que se violaron normas. Puede ser un elemento de negociación importante.

El Fondo hizo varios desembolsos al país en el año.

P.: ¿El FMI puede ceder ante un elemente de ese tenor?

B.S.: De algo se tendrán que hacer cargo. Si el Fondo violó la normativa y a raíz de eso puso a Argentina en problemas, Massa tendrá que ponerse firme y en algo van a tener que ceder, como, por ejemplo: plazos más laxos, reducción de tasas, etcétera. Si esto trae consecuencias o no para los funcionarios de Fondo, no lo sabemos. Eso dependerá de qué establezca la normativa del organismo. No tengo en claro si existen sanciones determinadas o no para estos casos.

P.: ¿Hay antecedentes similares en el mundo? ¿Qué elementos hay hoy para investigar el acuerdo y fijar las sanciones?

B.S.: No hay antecedentes mundiales de estas características ni de créditos de esta envergadura que se hayan formalizado violando toda la regulación. Lo cierto es que la Justicia tiene todos los elementos disponibles para probar las irregularidades a disposición. Existe un informe económico del BCRA de 2020 que marca la fuga de capitales y que da cuenta de que, si bien no estaba prohibida porque el macrismo había levantado todas las limitaciones a la salida de fondos, sí es un elemento para investigar el hecho de que el 1% de los CUITs explican las dos terceras partes de la fuga de capitales de personas jurídicas y el 1% da cuenta del 22% de la fuga de personas humanas. Hay que ver si no hay intereses creados con los funcionarios. La jueza tiene la facultad de levantar el secreto que rige sobre esa información.

Pero, por otro lado, hay que ver que hay un informe legal del BCRA y otro de Auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN), que dice lo mismo que el Central y que habla de la no intervención de funcionarios competentes. Porque la Ley de Administración Financiera dice que sólo el Poder Ejecutivo puede autorizar el inicio de negociaciones para la toma de crédito con un organismo multilateral que va a constituir deuda externa por fuera de la Ley de Presupuesto. Eso no sucedió. Asimismo, la carta de intención la debería haber firmado el ministro de finanzas y no el de Hacienda, como se hizo.

P.: ¿Qué sanciones les cabrían a los funcionarios locales? ¿Pueden tener que responder con su patrimonio?

En principio, creo que las decisiones, cuando son políticas, no deben ser juzgadas, pero si se violan todos los procedimientos exigidos, como en este caso, sí amerita una investigación. De hecho, el Decreto 239/2021 instruye a la Procuración del Tesoro a presentarse como querellante en la causa sobre la investigación de la deuda y a realizar las acciones de recupero del daño económico.

A nivel local, la Argentina no necesita más pruebas para actuar contra los funcionarios nacionales. Con lo que se tiene hoy ya es suficiente para avanzar. Y la Ley de Administración Financiera y la de Responsabilidad del Estado establecen que un funcionario que, por mal desempeño de sus funciones, ya sea por omisión o comisión, le haga un daño económico a su país debe responder con su patrimonio a ello. Además, hay penas de prisión previstas.