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Buenos Aires: invalidez de tasas municipales de seguridad e higiene

Teniendo en cuenta la proximidad de un fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre el tema de la referencia, el siguiente comentario tiene por objeto describir sintéticamente la validez de determinadas tasas municipales de inspección, seguridad e higiene vigentes en la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto al monto a ingresar al Fisco, debe destacarse que la Provincia de Buenos Aires, a través del artículo 10 de la ley 10559, establece que los Municipios de la Provincia no podrán establecer ningún tipo de gravamen a determinarse sobre los ingresos brutos o netos, gastos o inversiones de la industria, el comercio y los servicios.

Sin embargo, se excluyen de esta disposición -entre otras-, a la Tasa por inspección de seguridad e higiene y la Tasa por extracción de minerales. De tal modo, la ley provincial posibilita que los Municipios establezcan esas tasas conforme a los ingresos devengados por el contribuyente.

Destacamos, como aspecto liminar, que es fundamental tener en cuenta que la tasa en cuestión es un tributo que se le impone a los sujetos por el servicio o actividad prestado o a disposición del contribuyente.

En el caso, si bien la empresa demandada encuadraba en la normativa citada, es decir, debía en principio liquidar la tasa en función de sus ingresos, un Dictamen de la Procuración General de la Nación del 27/6/2018 (“Esso Petrolera Argentina S.R.L., c/ Municipalidad de Quilmes s/acción contencioso administrativa”), hizo hincapié en un aspecto fundamental vinculado a la exigencia de tasas.

Al respecto, conforme a la jurisprudencia imperante sobre el tema, el gravamen debería exigirse siempre y cuando la actividad que da sustento a la obligación tributaria guarde proporcionalidad con el costo de dicho servicio o actividad. Así, se señala que no debe convalidarse la inclusión de los ingresos brutos del contribuyente a la base imponible, sin observar previamente la debida correspondencia entre el monto del tributo y el costo del servicio.

Se afirma pues, que “la carga de probar el costo del servicio prestado no puede imponerse al contribuyente, pues constituiría una exigencia procesal de imposible cumplimiento que frustraría el derecho sustancial”.

Aun cuando el Municipio informó en autos los importes recaudados por la tasa, admitió que no se pudo determinar el costo, por no contar con el detalle de los insumos ni el personal abocado.

Por ende, el ente estatal no pudo demostrar que el monto recaudado guardara proporción con el costo total del servicio de inspección de seguridad, higiene y salubridad y, consecuentemente, se dictaminó que no procedía la pretensión de exigir la tasa respectiva.

Ahora nos preguntamos: ¿cuál sería la postura respecto de lo recaudado durante los períodos fiscales no prescriptos?

De resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mismo sentido que el dictamen de la Procuración, dicho precedente induciría que varios contribuyentes sometidos a tasas de inspección por seguridad e higiene evalúen la posibilidad de impugnar administrativa o judicialmente dichas tasas en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde exista un planteamiento similar al descripto en el presente comentario.

Y dicho planteamiento, también debería extenderse a aquellas jurisdicciones que hubieran tomado un mecanismo similar de imposición.

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