El gobierno brasileño volvió a tensar la cuerda del Mercosur y pidió formalmente ayer la creación de un panel especial para tratar de impedir las sanciones compensatorias impuestas por la Argentina debido a sus exportaciones de pollo a precio de dumping, mientras el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina, Horacio Chighizola, continuaba negociando el conflicto. La sorpresa surge ya que Brasil amenaza con aplicar en lácteos la misma medida que la Argentina le aplica en pollos.
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La solicitud de Brasil no está enmarcada en los acuerdos del mercado regional, aunque sería la tercera vez que se utiliza para destrabar conflictos con la Argentina.
Objetivo
Los brasileños quieren que se determine la legalidad de las compensaciones impuestas por la Argentina, en julio del año pasado. En realidad, Brasil amenaza desde noviembre con acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y «no lo hace porque sus reclamos serían poco consistentes», indican los conocedores de los procedimientos del comercio regional.
Para el gobierno brasileño, «los procedimientos de investigación de la supuesta práctica de dumping y las conclusiones de las autoridades argentinas que llevaron a la aplicación del derecho antidumping no han respetado las obligaciones existentes al respecto en el ámbito del Mercosur». Según la nota, las restricciones impuestas por el Ministerio de Economía argentino redujeron 20% las exportaciones de pollo al mercado vecino el pasado año, en comparación con el año anterior.
Alegando competencia desleal en precios, el gobierno argentino estableció en julio del pasado año un precio mínimo para los pollos brasileños, que para algunas empresas sería 98 centavos de dólar y para Sadia, la más importante, de 92 centavos. Con precio inferior al indicado, la entrada del producto queda bloqueada.
La decisión anunciada por Brasil ayer no toma por sorpresa a los procesadores avícolas argentinos, que acusan haber perdido u$s 100 por las ventas de Brasil a valores de dumping.
Para Roberto Domenech, presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), «en el Grupo Mercado Común (GMC), por el voto de Uruguay se llegó a esta situación que permite un tribunal especial para volver a estudiar el conflicto con los pollos. Brasil se manejó arbitralmente y lo sigue haciendo. La medida de la Argentina sanciona el comercio desleal por los períodos '97/'98", informaba.
Las reglas del Protocolo de Brasilia contemplan que las dos partes en litigio nombren en un plazo de quince días a los árbitros -un brasileño, un argentino y otro que presidirá los trabajos-que integrarán el tribunal.
El tribunal arbitral ad hoc tendrá un plazo de 60 días, prorrogables otros 30, para dar su veredicto.
«Pero Brasil no acepta los acuerdos, ni siquiera cumple las sanciones en contra ni las decisiones de un tribunal arbitral similar que lo obligó a ceder automáticamente las licencias previas de importación, que tanto perjudicaron a la Argentina el año pasado», decía Domenech.
