Dicen en el campo...

... que nuevamente hay revuelo alrededor del tema ganadero y sanitario. Las razones son varias y algunas ya se adelantaron hace semanas en esta misma columna. Por caso, las diferencias alrededor de las fundaciones (de lucha contra la aftosa) y el mercado de vacunas -que, finalmente, quedó abierto a más de un laboratorio-, dividió las posiciones entre las propias entidades del campo. Así, la Rural de Luciano Miguens y el Coninagro de Mario Raitieri adhirieron a la posición más aperturista (que, finalmente fue la que se impuso), mientras que la Federación Agraria de Eduardo Buzzi y CRA de Tucho Legerén perdieron la votación con su postura de no innovar. Simultáneamente, también habría quedado dividida la postura frente a la modificación que el Senado le impuso a la ley del vapuleado Instituto de la Carne. De hecho, si bien la mayoría de los dirigentes se mostró sorprendido por los cambios impuestos por la Cámara alta, la realidad indica que hace al menos 10 días, ya había una carta muy crítica de las entidades del campo a los senadores que, lamentablemente, nunca se llegó a enviar a la Cámara alta debido a que sólo 2 de las 4 entidades del campo la habían suscripto. De todos modos, y aunque resta aún la aprobación de Diputados, los cambios impuestos por el legislativo causaron alarma entre los productores. Entre otras cosas, porque la propuesta de los senadores Jorge Capitanich, Marcelo López Arias, Ricardo Gómez Diez y Guillermo Jenefes, habla de que el Instituto hará «aportes reintegrables y no reintegrables» para el control de enfermedades que afectan la exportación de carne (no fija porcentaje ni monto), y además exime del aporte al Instituto a los productores localizados en «provincias que limitan con países que pueden ser considerados (....) zona de riesgo». Una especie de doble Bingo, ya que le sacan a dos puntas, para un Instituto que, lamentablemente, sigue sin encontrar su rumbo... (Aunque seguiría engrosando su staff...)

... que es llamativo, pero cada vez que comienza a vapulearse el tema de la vacunación, fundaciones, etc., casi simultáneamente comienzan también rumores sobre incrementos en el contrabando de hacienda vacuna desde Paraguay (o Bolivia, según el caso), de aumento de riesgo de focos, y otras versiones, la mayoría sin datos concretos y que luego se diluyen con la misma celeridad con que se instalaron. Hoy, cuando esos comentarios arrecian, y mientras ninguna autoridad nacional salió todavía a desmentirlos o ratificarlos, algunos de los propios afectados salen a defenderse. Así, productores formoseños, particularmente golpeados desde los últimos focos, salieron al cruce de tales versiones indicando que al precio de la hacienda hoy en Paraguay -unos 3.700 guaraníes para el novillo-, es absurdo pensar en que se puede contrabandear, puesto que es más caro que en la Argentina y, además, habría que sumarle el flete. De hecho, señalan que los valores rondan a un equivalente de $ 1,85 por kilo (unos $ 2/kg puesto en frigorífico) en el país vecino, mientras que los precios de un novillo cruza en Formosa apenas «arañan» $ 1,60.

... que el sector ganadero en general, y el sanitario en particular, no son los únicos alterados en los últimos días. También los tabacaleros se vieron obligados a salir al ruedo ante la posibilidad de que se imponga un nuevo incremento de impuestos al consumo de cigarrillos que, ante otro encarecimiento, sin duda registraría una mayor caída en la demanda (además, de favorecer más aún el contrabando que, entre otras cosas, al no tener los impuestos internos locales, compite casi siempre con holgura). Los defensores del sector y de esta producción argumentan, con razón, la mano de obra intensiva de la actividad, el aporte económico que hace a ciertas economías extrapampeanas y dejan flotando un alerta sobre lo que puede significar un parate en la actividad. Tal vez por eso, desde hace más de 6 años, existe una partida de 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET), que se debe destinar a la diversificación productiva para, por un lado, salir del monocultivo y, por otro, abrir alternativas a un producto que cada vez goza de peor imagen, al menos, en los países más desarrollados. En su momento, la negociación de ese porcentaje, llevó a un duro enfrentamiento entre el por entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, que se negaba a la medida. Teniendo en cuenta que el FET ronda los $ 180 millones anuales y que hasta fines de 2001 ese monto era equivalente a igual cantidad de dólares, lo que muchos se preguntan es adónde fueron a parar y cuáles son los proyectos de diversificación que se desarrollaron con los u$s 140 millones correspondientes a los primeros 4 años, y los $ 70 millones de los dos últimos ejercicios. Vale destacar, que tales montos son (y deben ser) independientes de los soportes de precio a la materia prima que habitualmente da este sector, y no son retornables, justamente, para que constituyan un incentivo a la diversificación y mejora productiva en esas zonas. La administración del FET la hace la Secretaría de Agricultura.