3 de agosto 2005 - 00:00

Hay política de protección para la industria curtidora

Desde hace más de tres décadas, la Argentina tiene una política de protección para la industria curtidora local con gravosos perjuicios para el resto de la sociedad. El sistema consiste en aplicar un método que sobrevalora el valor de aduana de manera que potencia el efecto de los derechos de exportación para que no resulte viable la exportación de cueros sin curtir y de wet blue. Mediante este mecanismo, 15% de retenciones vigentes equivale a un gravamen aplicado a los valores reales de aduana de más de 35%.

En efecto, una política hecha a la medida de un grupo de interés e impropia de un país serio ha transferido miles de millones de dólares de toda la sociedad ( productores, industria frigorífica, consumidores y recursos fiscales) a un grupo de empresas que la han sostenido frente a los diferentes gobiernos de turno. Las endebles normas de ese régimen tienen fundamentos indefendibles que ocultan su verdadero objetivo: aislar los precios del mercado internacional de la materia prima para apropiarse de una renta extra originada en prácticas comerciales no conformes con las reglas de la competencia.

Una vasta bibliografía a la que puede accederse en Internet demuestra los perjuicios que derivan de las políticas de protección de mercados para los productores, consumidores y el desarrollo económico de los pocos países que la practican.

Cabe recordar que este régimen violatorio de reglas del comercio internacional a las que la Argentina se ha comprometido ha motivado sanciones comerciales por parte de los EE.UU. y la denuncia ante la Organización Mundial del Comercio presentada por la UE.

Frente al cuestionamiento interno e internacional del referido régimen, el gobierno argentino decidió su remoción por decreto, que debería haberse concretado a partir del 1 enero de 2001. No obstante, violando las normas internacionales y lo dispuesto por decreto del gobierno nacional, el régimen ha sido prorrogado por normas de inferior jerarquía manteniendo sus efectos distorsivos del comercio y los graves daños causados a la comunidad.

El primer objetivo de esta nota es señalar que el conflicto de intereses que ha tomado estado público no se presenta entre la industria curtidora y la industria frigorífica sino entre la industria curtidora y el resto de la sociedad.

El segundo objetivo es destacar que la cadena de las carnes vacunas espera que la Argentina sea un país en serio, que cumpla con los compromisos internacionales contraídos y que tenga en esta materia una política común en el Mercosur.

Para ello, el gobierno debe remover prebendas sectoriales y adoptar políticas que privilegien la defensa del interés general. Lo actuado en el mercado del cemento y con los proveedores de oxígeno muestra que el actual gobierno tiene la firme decisión de terminar con los regímenes de privilegio que distorsionan los mercados. Al régimen de los cueros bovinos, a pesar de las costosas solicitadas y la campaña de medios para mantenerse, ¿les habrá llegado su hora final?

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