Un proyecto de ley que impulsa la reducción a 5 por ciento de la alícuota sobre exportación de frutas frescas, recibió la aprobación de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. La iniciativa pertenece al diputado del Frente Grande, Julio Accavallo, quien entre los argumentos apuntó que «así se daría mayor equidad en el tratamiento de las exportaciones, en este caso para el sector frutihortícola». La medida beneficiaría a productores rionegrinos y de otras zonas del país «al otorgar una diferenciación de la actividad de otras exportaciones como los granos, en virtud del fuerte impacto que tiene para las economías regionales y su mayor incidencia en la generación de empleo», detalló Accavallo.
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El dictamen favorable de la Comisión de Agricultura podría resultar un paso crucial para avanzar en una medida favorable al sector, que pese a las ventajas de la devaluación todavía afronta grandes pérdidas por cosechas anteriores y mayores costos por el precio de los insumos importados.
El gobierno adoptó una medida similar respecto de los cítricos, pero desestimó el reclamo del sector frutícola regional de obtener un tratamiento equitativo, por la cual hasta ahora tributa 10 por ciento en concepto de retenciones.
De acuerdo con informes producidos en la provincia de Río Negro, el actual régimen implica una transferencia de fondos desde el sector privado a la administración pública de unos 25 millones de dólares.
• Alícuota
El proyecto, que fue girado a la Comisión de Comercio, requiere al Poder Ejecutivo la reducción de la alícuota como también que se amplíe el plazo de cancelación de dicha obligación teniendo en cuenta la fecha de pago al exportador por parte del comprador.
La actividad genera unos 300 millones de dólares anuales, cada caja de fruta fresca exportada lleva 70 por ciento de valor agregado incorporado y tomando el total de regiones productoras del país brinda unos 250.000 empleos.
Accavallo hizo también un planteo para cuestionar para el término de 72 horas posteriores al embarque para concretar la liquidación de divisas, por entender que «obliga a las empresas regionales a procurar fondos que generan un costo financiero adicional, cuando no la imposibilidad de obtenerlo en un mercado donde el crédito escasea».
«Es por esto -apuntó- que la ampliación de los plazos resulta indispensable, ya que por lo general los pagos desde el exterior llegan recién a unos 90 días del embarque del producto.»
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