La política argentina está, desde hace décadas, en deuda con los productores agropecuarios, las economías regionales, el interior de nuestro país. Es verdad que, en la actualidad, con marcados claroscuros, en promedio la actividad está mejor que durante los tiempos de la convertibilidad, hecho que se explica fundamentalmente por los más elevados precios internacionales y la devaluación de nuestra moneda. Pero los cambios de fondo, los permanentes, los que realmente pueden poner al país en la senda del crecimiento sostenido no se han producido ni hay señales de que se intente impulsarlos. Estamos asistiendo, entonces, a un simple cambio de precios relativos, sin reformas estructurales. El proceso no es, por lo tanto, sostenible. El gobierno nacional parece no haber tomado debida nota de que los problemas económicos y del interior del país no se solucionan por sí solos ni por un temporario mejor tipo de cambio y/o una coyuntura favorable en materia de mercados externos. Más allá de la devaluación y la pesificación, que a los deudores del agro les vino bien, pero de rebote, lo real es que no hay política sectorial, y las pocas medidas que se han conocido -lechería, ganadería- van en sentido contrario a lo que se necesita para promover la producción.
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Las preocupaciones que las motivan nada tienen que ver con la suerte de la actividad, resultando como señales notoriamente malas. La sensación es que se aplica el piloto automático, que se improvisa en medio de una gran desorientación estratégica, primando el cortoplacismo sin atinar a elaborar y poner en práctica un proyecto de desarrollo sostenible de mediano y largo plazo que -entre otros objetivos- tienda a atenuar la creciente vulnerabilidad que muestra el sector.
En este sentido, el presente se caracteriza por una notable ausencia de políticas productivas agropecuarias, tal vez la más notoria que se recuerde en décadas. Por eso preocupa el futuro. Si la Argentina pierde esta oportunidad para empezar a producirlas transformaciones que el país necesita, se diluyen las esperanzas de que una reversión del ciclo positivo actual no nos lleve nuevamente a una situación difícil como las que ya hemos soportado repetidas veces en tiempos recientes. En el caso del sector agroalimentario, el desarrollo debería contener políticas económicas, financieras, fiscales, comerciales, poblacionales, de infraestructura, de servicios, tecnológicas, de capacitación, seguridad y de apoyo a la economía social, por citar los más importantes aspectos para considerar en un proyecto integral en todo el país. No puede haber desarrollo sin decisiones políticas, recursos suficientes e instrumentos adecuados funcionando bien e integradamente. La reforma del Estado a efectos de dotarlo de capacidad y calidad de gestión aparece, a tales efectos, como imprescindible. La adopción de políticas tendientes a generar condiciones económico-financieras, fiscales, de infraestructura y de servicios para estimular la instalación de emprendimientos agroindustriales que agreguen valor en origen a la producción primaria, nivelando las posibilidades de las distintas regiones del país, es una cuestión central. Puestos de trabajo, sobre todo en el interior, mejores salarios, mayor demanda de servicios y reactivación de la economía en general, menor vulnerabilidad en los mercados externos, mayor recaudación fiscal e ingresos de divisas serán las consecuencias de una decisión de tal naturaleza. La Coparticipación Federal de los recursos impositivos tendría que revisarse en función del perfil de país que definamos los argentinos hacia adelante. Complementariamente, una política de desarrollo rural sustentable que tienda a articular las políticas públicas que inciden en el ámbito rural, contemplando el fomento de las actividades productivas y de servicios, tanto agropecuarias como de otra índole, la promoción del bienestar social y la preservación de los recursos y el medio ambiente, aparece como extremadamente necesaria en un marco de equidad e inclusión.
(*) Ex presidente de la Federación Agraria Argentina.
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