Campaña en contra del comercio ilegal de semillas.
La utilización de semillas ilegales se calcula en alrededor de 40%, provocando importantes pérdidas en el sector. «En la Argentina, los obtentores de semilla vegetales registradas son propietarios de valor agregado de su trabajo, y los licenciatarios están autorizados a la reproducción de estos vegetales en los límites y condiciones que demanda el régimen de licencia y la ley 20.247», aseguró la Asociación Argentina para la Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV). La violación al régimen legal de semillas contenido en la Ley 20.247 es un delito penal que castiga, tanto al vendedor como al comprador, por violar la ley penal tributaria y es un fraude a la buena fe del productor, al obtentor y al licenciatario de semilla registradas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La entidad que preside Adolfo Marull, informó que «quien produce semillas sin rótulos y marcas que las identifican y pone los medios para reproducirlas, no sólo viola la ley, sino que particularmente con su obrar destruye los esfuerzos de los científicos y los licenciatarios y la inversión que tanto necesita el sector agrícola». «Este accionar ilegal, que en la Argentina es una práctica lamentablemente muy arraigada, es una preocupación permanente para las entidades agropecuarias y oficiales», aseguró ARPOV.
Prueba
En tanto una nueva técnica para detectar semillas ilegales fue aplicada en diversos trabajos de investigación, obteniéndose una rápida identificación de las variedades de granos ya inscriptas y comercializadas en el país y la misma está reconocida como elemento probatorio ante la Justicia para juzgar y castigar el robo y el comercio ilegal de semillas.
Actualmente la identificación varietal de las semillas se realiza a través de técnicas moleculares. La misma se está utilizando en los programas de mejoramiento genético, para obtener variedades de mejor calidad y más productivas.
Esta nueva herramienta permite analizar muestras sospechosas (planta entera, semillas, trozos de hoja) provenientes de campos de presuntos infractores o de «bolsas blancas» que contienen semillas ilegales, se-ñaló la entidad.
Para su análisis las mismas son codificadas para preservar la objetividad del análisis y se acondicionan. En una hora está extraído el ADN para ser cuantificado y amplificado. En 24 horas se puede determinar si la muestra analizada pertenece a un productor o multi-plicador que ha cultivado o ha producido granos adquiridos en forma ilegal.
La multiplicación, robo y comercio ilegal de semillas que viene incrementándose año a año, genera competencia desleal, evasión fiscal y un perjuicio económico que atenta el avance de la investigación y de la tecnología biológica en la Argentina.
De acuerdo a cifras aportadas por ARPOV, en 1999 cerca de 40 por ciento de las semi-llas sembradas en la Argentina habían sido adquiridas en forma ilegal.
Como un ejemplo el trigo y la soja cubren una superficie aproximada de 16 millones de hectáreas, casi 70% del total sembrado en la última campa-ña. En soja sólo 23% aportó y reconoció con su compra o regalía a quienes investigan y crean variedades. En trigo fue 34%. Esto significa que 11 millones de hectáreas no aportaron al sistema y utilizaron o usufructuaron semillas que contenían genética en su composición.
