Seguros agrícolas deben llegar a 60% del país

Estado sigue siendo socio en las ganancias y se olvida del productor cuando soporta desastres climáticos como el que están viviendo en muchas provincias del país. Esto es lo que dejó el debate de los últimos 150 días entre el gobierno y el sector agropecuario.

No hay una explicación sensata del porqué el gobierno nacional, los provinciales y las entidades agropecuarias no incorporan en la agenda del sector una política de Estado para atender los riesgos climáticos. Es fundamental contar con un fondo anticíclico para atender todos los eventos no previsibles de un sector que invierte a la intemperie. Mientras que los riesgos empresarios deben ser cubiertos con seguros agrícolas.

Ante la situación actual por las sequías y la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, las entidades han resuelto que el camino a recorrer es presentar propuestas en el Poder Legislativo. Allí se incluirá que los productores tengan cobertura integral para los riesgos agropecuarios.

Los tres instrumentos principales son: una nueva ley de emergencia agropecuaria, una política de seguros y disponer de un fondo permanentepara atender los desastres y las catástrofes no previsibles. La ley de emergencia no es antagónica al seguro agropecuario ni lo puede reemplazar. Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir los riesgos por desastres y catástrofes que son responsabilidades indelegables del Estado.

Los países que más rápido avanzaron en este tema instrumentaron mecanismos directos o indirectos para generalizar el uso del seguro sin ser obligatorio. Entre ellos, se puede mencionar la excepción de impuesto y el subsidio directo a la prima, y todo otro método de inducción al uso del seguro.

Es más barato para el Estado un esquema mixto público-privado que hacerse responsable de atender en forma directa y con sistemas obligatorios los riesgos climáticos.

Incluso, los Estados más avanzados dispusieron que, para atender con fondos públicos los desastres o las catástrofes de un productor, éste tiene la obligación -para poder cobrar ese beneficiode asegurar todos los bienes que son asegurables en su predio.

No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la OMC, con subsidio de hasta 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta 80% en el seguro colectivo a grupos de pequeños productores.

El accionar y la imaginación de la actividad privada permitió llegar a cubrir con seguros 35% del área sembrada en el último ciclo medido. Hay también una muy buena experiencia de lo que puede hacer la sinergia del sector público y el privado, como la que está en vigencia en Mendoza para cubrir los riesgos del granizo; así como algún otro emprendimiento en otras provincias con el apoyo del ORA, el INTA y la Subsecretaría de Finanzas y Seguros de la Nación. Hay que asumir que no hay ninguna posibilidad de poder pasar de 35% del área sembrada asegurada actualmente a 60% -como es la próxima meta-y bajar el costo de la prima del seguro sin una política de Estado institucionalizada.

(*) El autor es consultor agropecuario, productor y ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).