Una buena idea para las deudas del campo

Hace unas semanas, el diputado mendocino Luis Borsani presentó junto con otros diputados -entre ellos, la diputada María del Carmen Alarcón-un proyecto que pretende aportar una medida sobre el régimen de cancelación de deudas y obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y cualquier otra inversión relacionada con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria.

Desde Pampa Sur consideramos sumamente importante apoyar esta iniciativa y por eso decidimos acompañarlo con la firma de nuestra diputada. El proyecto pretende dar una respuesta concreta a la situación de los productores agropecuarios que, como consecuencia de la grave crisis económica que atravesamos los argentinos desde 1996, no pudieron afrontar los compromisos adquiridos con el Banco Nación.

En principio, antes de avanzar sobre el contenido del proyecto, quisiera señalar que considero que, como en otros muchos aspectos de la vida comunitaria, deben existir premios y castigos. No es lo mismo quien cumple que quien no lo hace. Sin embargo, en esta ocasión, debe tenerse en cuenta el marco caótico que vivía nuestra Nación.

La «gente de campo» sabe cómo fueron los últimos años. La gravedad adquirió características pocas veces vistas, a tal punto que, incluso surgieron diferentes movimientos con el fin de intentar preservar campos, fuentes de trabajo, instalaciones.

Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa parlamentaria? El proyecto comprende a los pequeños y medianos productores agropecuarios que se endeudaron con el Banco Nación -dentro del período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2003-con el objeto de mejorar su producción, a través de la adquisición de mejores maquinarias, la incorporación de nuevas tecnologías o la adquisición de semillas. No están contemplados quienes hayan recibido créditos que fueron destinados al consumo.

Estos productores podrán cancelar el saldo impago sin la aplicación de intereses sobre el monto adeudado ni actualización alguna. Esto podrá realizarse una vez que hayan transcurrido 180 días de la entrada en vigencia de este proyecto que pretende convertirse en ley.

• Cancelación

Por otra parte, para quien no pueda cancelar la totalidad de la deuda, el pago se efectivizará en el número de cuotas que resten pagar, conforme cada contrato. A tal efecto, se dividirá el saldo deudor por el número de cuotas que falten cancelar, pero cabe aclarar que la cuota a paga no podrá exceder de 25% del ingreso bruto que haya percibido el deudor y el grupo familiar que cohabite con él. Si sobre la base del contrato establecido, el valor de la cota resulta superior a 25%, se extenderá el plazo de cancelación hasta alcanzar la proporción requerida.

Otro aspecto establecido en este proyecto de ley es la creación de un fondo fiduciario que se hará cargo de la cancelación de los saldos impagos que puedan quedar, una vez transcurridos 20 años. Pero es preciso destacar que en caso de que esos fondos no fueran utilizados con este fin, el banco los destinaría a líneas de créditos promocionales dirigidas a microemprendimientos de carácter agropecuario.

En el comienzo de esta nota, hice referencia a la necesidad de implementar una medida que dé respuesta al reclamo de un grupo no menor de productores, para ser exactos, 14.000 hombres y mujeres de nuestro campo. Esto debe implementarse, no sólo por la grave situación que vivimos desde 1996, sino también porque quienes están atravesando esta crisis son aquellos que decidieron y deciden apostar diariamente al desarrollo del campo y, en consecuencia, al desarrollo de nuestro país. ¿Sería justo que quien adquirió un crédito para optimizar su rendimiento productivo mediante tecnología, genética o maquinaria no recibiera ningún tipo de contemplación ante el incumplimiento de obligaciones causada por factores que bajo ningún concepto dependen de él? ¿Qué sucedería si no se hiciera algo respecto de esta situación con los 6.000 productores « incobrables»? ¿Cuál sería el destino de la mano de obra allí ocupada?; ¿cuál sería el destino de las familias que tradicionalmente vivieron del campo?

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el Banco Nación no debe bajo ningún punto de vista verse perjudicado. Nuestra institución bancaria debe recuperar el dinero prestado. En primer lugar, porque es lo que corresponde y, además, porque los productores queremos seguir contando con un banco ciento por ciento nacional con el cual poder contar, sobre todo en estos momentos en que empezamos a vislumbrar una esperanzadora mejoría.

Finalmente, considero que hay dos aspectos más que positivos para resaltar. Cuando desde Pampa Sur propusimos a la Diputada Alarcón como presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, prometimos que trabajaríamos para lograr establecer un espacio que privilegiara las preocupaciones y problemáticas del sector por sobre las cuestiones individuales, partidarias e ideológicas.

Los legisladores, en esta ocasión, se unificaron detrás de un proyecto por comprender que resultaba de vital importancia para el sector. Las diferencias políticas quedaron a un lado y la comisión lo aprobó por unanimidad.

El trabajo está encaminado. Estamos más que conformes. Aunque somos plenamente conscientes de que aún queda mucho por hacer.