Capuchetti delega investigación en la fiscalía mientras Cristina insiste a Cámara para apartarla

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Tomó decisión de que Rívolo quede al frente luego de audiencia ante Bruglia donde querella apuntó a correrla. Próximos días se define si continúa.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó ayer en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Lo hizo de modo sorpresivo mientras la Cámara Federal analiza si aparta o mantiene a la jueza (esto último más probable) a cargo del expediente, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó, algo que, además, no invalidaría lo que se haya actuado mientras se tramitaba el apartamiento.

“Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, sostuvo la jueza. La magistrada tomó la decisión después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara que Capuchetti sea apartada y denunciaron que si les fue frustrada “la posibilidad de la prueba” pudo haber sido para ocultar algo.

“Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado”, expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Leopoldo Bruglia, quien ahora deberá definir. En la misma dirección, al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, el letrado expresó que “si seguimos investigando llegamos a donde no quiere llegar, a las terminales del PRO” y luego refirió que existe en la causa una pista vinculada al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, además de “un discurso de odio de determinados lugares”.

Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una “completa falta de iniciativa” y habría “boicoteado” líneas de investigación, por lo que no puede seguir al frente del caso, según expresaron en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal (que enumeró las irregularidades en el manejo de la causa) y luego Ubeira. “La investigación es imposible así”, sostuvo Aldazabal tras enumerar lo que la querella define como “irregularidades” en la instrucción del caso: aseguró que “no se investigó” ni a la Policía Federal (por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Sabag Montiel), ni la pista ‘Milman’, ni la línea de Carrol”.

Las diferencias entre la jueza y la querella se volvieron insalvables a partir de la decisión de la magistrada de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia.

“La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña”, enfatizó Ubeira durante su intervención.

La audiencia, que estaba fijada desde la semana pasada, se realizó luego de que ayer la querella reclamara que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen de forma urgente nuevas medidas de prueba, tras detectarse una seguidilla de mensajes de WhatsApp que darían cuenta del accionar organizado de la banda. Los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

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