Colectivos: Buenos Aires demandará a los que no instalen cámaras

Axel Kicillof

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D‘Onofrio, advirtió ayer que el Gobierno de Axel Kicillof accionará judicialmente contra aquellas empresas de transporte urbano de pasajeros que no avancen en la instalación de cámaras de seguridad en sus colectivos, en línea con lo acordado en abril pasado tras el crimen del chofer Daniel Barrientos en el marco de un asalto en La Matanza.

“Nos hemos puesto a trabajar para que se instalen más de 3.500 cámaras de seguridad, pero las empresas pidieron solo 10 porque no quieren comprarlas”, aseguró el funcionario y lanzó: “Si no cambian ese número, iniciaremos una demanda”.

Bajo ese razonamiento, subrayó que “se terminó el changüí”. “No pueden exigirnos seguridad si no cumplen con su responsabilidad”, recalcó, en declaraciones a Radio Del Plata.

La discusión en torno de la necesidad de profundizar las medidas de seguridad para combatir el delito que golpea tanto a choferes como a pasajeros -con foco en el Conurbano bonaerense- se vio potenciada tras el asesinato de Barrientos en el marco del asalto al colectivo que conducía a la madrugada en La Matanza y la posterior tensa protesta de los trabajadores, que incluyó una agresión a golpes contra el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

Por esas horas, el Gobierno bonaerense, las empresas del sector y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron apurar la activación de la transmisión de imágenes al centro de monitoreo de las 1.800 cámaras ya instaladas en colectivos, y acelerar además la incorporación de cámaras en las unidades restantes. Un entendimiento en rigor incómodo, en medio de los reclamos de los empresarios por el incremento de los costos -fogoneado por la trepada inflacionaria-, las demoras en materia del envío de subsidios nacionales y el retraso tarifario.

En ese escenario, D‘Onofrio precisó ayer que “las 1.800 cámaras instaladas que había sin reportar ya están reportando al centro de monitoreo”. Y remarcó que la inversión estatal para la incorporación de nuevas cámaras y el mantenimiento de las mismas ronda los $160 millones mensuales. En este marco, en las últimas horas avanzaron las tareas de fiscalización conjunta de los ministerios de Transporte y de Seguridad provinciales en pos de monitorear a las empresas de transporte del AMBA “para garantizar la correcta instalación de las cámaras de vigilancia...”. “Trabajamos para que cada vecina y vecino viaje seguro”, recalcaron desde la cartera de Transporte, que conduce el dirigente del Frente Renovador.